En una ofensiva frontal contra las mafias que operan en los recintos carcelarios del país, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) reveló que más de medio centenar de colaboradores han sido desvinculados de sus puestos, apresados y sometidos a la justicia ordinaria durante los primeros seis meses de este año, tras ser vinculados a diversos actos de corrupción.

La entidad rectora del sistema penitenciario enfatizó su postura de tolerancia cero frente a los abusos de poder y los privilegios indebidos en los centros de reclusión. «No puede haber ni aceptaremos presos dando órdenes a directores o a comandantes», puntualizó la institución, dejando claro que continuarán desmantelando los esquemas clandestinos sin ceder ante disturbios o motines orquestados para frenar estas medidas disciplinarias.

Control efectivo para la rehabilitación

Desde la DGSPC se subrayó que programas esenciales como la educación y el trabajo obligatorio —pilares indispensables para la verdadera reinserción social de los privados de libertad— solo darán resultados cuando las autoridades legítimas mantengan el control absoluto de cada penal. Por esta razón, el monitoreo del personal de custodia y administrativo continuará de forma rigurosa, revisando el desempeño «área por área y centro por centro».

Asimismo, las autoridades penitenciarias reconocieron que el combate a este flagelo no será inmediato debido a su carácter histórico y estructural. En consecuencia, advirtieron que la intervención abarcará a todos los niveles de complicidad:

• Requisas y allanamientos continuos para confiscar sustancias prohibidas, armas y dispositivos electrónicos no autorizados.
• Sanciones y nuevos cargos penales para los internos que organicen desórdenes o lideren redes ilícitas.
• Procesamiento de familiares y visitantes que intenten ingresar drogas, objetos ilícitos o sirvan de puente operativo para las redes delictivas.

Con estas medidas, el organismo penitenciario reafirma su compromiso de sanear las prisiones dominicanas, garantizando transparencia institucional y asegurando que las reglas del orden se apliquen sin excepciones en todo el territorio nacional.