En un paso decisivo para corregir distorsiones burocráticas de vieja data y garantizar el debido proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) anunciaron el levantamiento formal de alertas e impedimentos de salida que no contaban con respaldo legal. La medida restituyó de inmediato el derecho a viajar al exterior a 56,140 ciudadanos, quienes figuraban con restricciones irregulares en el control migratorio.

La decisión es el resultado de más de seis meses de auditoría continua realizada por una mesa técnica conjunta entre el Ministerio Público y la DGM. Este equipo examinó minuciosamente registros acumulados desde 1990, detectando miles de alertas desactualizadas que continuaban limitando el libre tránsito por procesos judiciales concluidos hace años o por simples fallas administrativas que jamás fueron ordenadas por un juez competente.

Criterios para sanear las bases de datos

Ante este escenario, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso solicitó de manera oficial al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar la exclusión de estas trabas sin importar la instancia que las hubiese colocado. El plan de depuración fijó tres prioridades concretas:

• Registros individualizados que carecían de cualquier tipo de base legal.
• Registros históricos no individualizados acumulados durante más de tres décadas.
• Registros individualizados cuyos fines judiciales ya fueron formalmente cumplidos.

Las autoridades destacaron que esta depuración masiva constituye una victoria para las garantías fundamentales amparadas en los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana, referentes a la libertad personal y al libre tránsito, así como en la Ley 200 sobre Impedimentos de Salida.

Hacia una plataforma interoperable en 2026

El Ministerio Público y Migración reafirmaron su compromiso de actuar como garantes institucionales de los derechos ciudadanos y anunciaron que los trabajos no se detendrán aquí. La mesa técnica permanecerá activa hasta auditar la totalidad de la data migratoria e implementar un nuevo sistema de interoperabilidad previsto para entrar en vigor en diciembre de 2026, plataforma que automatizará la colocación y el levantamiento de impedimentos bajo estricto control judicial.