Ministerio Público rechaza intentos de dilatar el caso de sobornos por RD$108 millones en seguridad estatal

El Ministerio Público fijó una postura enérgica frente a los recientes intentos de la defensa de frenar el proceso judicial que se sigue contra los señalados de conformar un entramado de corrupción administrativa, el cual habría repartido más de RD$108 millones en sobornos para adjudicarse y retener contratos de vigilancia privada en diversas instituciones gubernamentales.
La controversia tomó fuerza en los tribunales luego de que Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), interpusiera una recusación formal contra el magistrado Deiby Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. A su salida de la audiencia, el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto enfatizó que dicha maniobra carece de base legal y confió en que la Corte de Apelación desestimará la solicitud para dar paso inmediato a las audiencias pendientes.
Un entramado enquistado en las instituciones públicas
El expediente acusatorio, estructurado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a raíz de una alerta de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), solicita apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas. Entre los principales señalados se encuentran:
- Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase), eje central de las adjudicaciones.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Andrés Pacheco Varela, vinculados a Edenorte Dominicana.
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur.
- Francisco Guarín Fernández Vásquez y Wellington Peralta Santos, exfuncionarios del Inaipi.
- Ramón Quezada Ortiz y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exintegrantes del departamento de seguridad de Edeeste.
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, además de entidades comerciales vinculadas al esquema, como El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
Pagos ilícitos y modus operandi
Las pesquisas determinaron que las dádivas ilegales totalizan RD$108,080,359.92, distribuidas entre los periodos 2012-2020 y 2020-2025. El esquema operaba mediante transferencias y dinero en efectivo canalizado directamente hacia los encargados de seguridad de las dependencias estatales, garantizando la manipulación de licitaciones y asegurando la permanencia ininterrumpida de los contratos.
Actualmente, el caso se encuentra en su fase preliminar a la espera de que el tribunal de alzada resuelva la recusación pendiente y se retome el conocimiento formal de la acusación.