Advertencia directa desde el Palacio Nacional

Durante su habitual encuentro con la prensa en LA Semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, fijó una postura contundente sobre los recientes operativos de seguridad: la Policía Nacional mantendrá e intensificará la persecución activa contra aquellos individuos requeridos por los tribunales. Bajo la premisa de que "o se entregan o se buscan", el mandatario remarcó que las fuerzas del orden actuarán preventivamente para evitar nuevos hechos de sangre.

"La orden que hay es que se busquen antes de que maten a otro ciudadano o de que casi maten a otro policía. A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen", enfatizó el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

Perfil de los perseguidos y desafío en redes sociales

De acuerdo con los datos desglosados por Abinader, aproximadamente el 80% de los individuos capturados o caídos en presuntos enfrentamientos armados con patrullas policiales eran requeridos como sospechosos de homicidio y acumulaban dos o más órdenes de captura en su contra.

El gobernante también censuró la conducta exhibicionista de varios antisociales, quienes utilizan plataformas digitales para mostrar armas de fuego y realizar disparos, desafiando abiertamente la autoridad del Estado. Abinader puntualizó que, en muchos casos, ese mismo rastro digital ha servido a los organismos de inteligencia para identificar y ubicar a los prófugos, reiterando que ninguna sociedad puede tolerar ese nivel de provocación a la ley.

Creciente escrutinio sobre el accionar policial

Estas declaraciones del Poder Ejecutivo coinciden con un intenso debate en la opinión pública dominicana sobre los métodos empleados por la uniformada. En las últimas semanas, más de una veintena de presuntos delincuentes han perdido la vida a manos de agentes policiales en incidentes reportados institucionalmente como "intercambios de disparos".

Mientras los partes oficiales señalan que los agentes solo repelieron agresiones armadas durante intervenciones contra reconocidos infractores, diversos sectores de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos insisten en la necesidad de priorizar los arrestos para garantizar el debido proceso y evitar posibles ejecuciones extrajudiciales.