Bajo un hermético dispositivo de seguridad y custodia especializada, los imputados en el recién develado caso SeNaSa 2.0-A fueron trasladados este sábado desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de someterlos a interrogatorios formales.

El traslado fue ejecutado por miembros fuertemente armados de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), quienes adoptaron protocolos rigurosos para evitar la exposición pública de los procesados. Los detenidos fueron conducidos a través de escaleras internas de acceso restringido hacia la parte posterior de la edificación judicial, donde abordaron un minibús oficial de la PGR sin transitar por las áreas habituales de concurrencia.

Rumbo a la solicitud de medidas cautelares

Previo a su movilización hacia la sede del Ministerio Público, varios de los encartados sostuvieron reuniones con sus abogados defensores en las celdas preventivas para delinear la estrategia procesal. La audiencia para el conocimiento de medidas de coerción está prevista para este domingo en horas de la mañana ante la Oficina de Atención Permanente, escenario donde los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) formalizarán sus imputaciones y peticiones cautelares.

El proceso se desencadenó tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí. Estas intervenciones concluyeron con el arresto de 28 personas, entre las que figuran excolaboradores de la aseguradora estatal, profesionales de la medicina y presuntos intermediarios.

Un entramado que simulaba autorizaciones médicas

La investigación penal se fundamenta en una querella interpuesta por la propia administración de SeNaSa a finales de noviembre de 2024, alertando sobre graves inconsistencias en la aprobación de procedimientos médicos. De acuerdo con el expediente del órgano persecutor, el esquema delictivo operó entre enero de 2021 y septiembre de 2024, gestionando autorizaciones a través de llamadas al centro de contacto telefónico de la entidad.

Bajo este mecanismo se tramitaron coberturas para cirugías, consultas especializadas y atenciones ambulatorias que nunca fueron solicitadas ni reconocidas por los afiliados titulares, generando un perjuicio económico que, en sus estimaciones iniciales, supera los RD$40 millones.

Personas señaladas en el expediente

Entre las personas vinculadas y arrestadas dentro de la causa se encuentran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López.

El listado judicial también incluye a Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luis Manuel Tejada Moreno, Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, además de personas ligadas al núcleo familiar Guzmán Vásquez.