En una ofensiva coordinada contra el desvío sistemático de recursos públicos, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Senasa 2.0-A. La acción judicial tiene como objetivo neutralizar una presunta red delictiva integrada por excolaboradores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares, señalados de defraudar a la administradora de riesgos de salud estatal por sumas que ascienden a miles de millones de pesos.

Allanamientos simultáneos y decomisos masivos

El despliegue de los fiscales abarcó 37 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. De acuerdo con el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, las intervenciones dejaron al menos 28 personas bajo arresto. Durante las pesquisas, los equipos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), coordinados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, incautaron bienes inmuebles, altas sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y armas de fuego.

Las autoridades señalaron que el caso busca deducir responsabilidades penales contra profesionales de la medicina que no solo comprometieron la cobertura sanitaria de sectores vulnerables, sino que quebrantaron los códigos éticos de la profesión médica al asociarse para drenar los recursos destinados a la atención de los afiliados.

Ramificaciones: De la Operación Cobra al caso Onco 14

Este nuevo capítulo judicial profundiza las líneas investigativas desprendidas de la previa Operación Cobra, proceso por el cual el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó recientemente la prisión preventiva contra Hazim Albainy y otros encartados, además de mantener medidas de coerción y arrestos domiciliarios sobre figuras como Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Asimismo, el expediente se conecta directamente con la Operación Onco 14, ejecutada a mediados de este año tras detectarse graves irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. En ese expediente figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, su actual pareja Luisa Yasiris Guzmán y su expareja Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quienes habrían utilizado razones sociales fantasmas y fundaciones como Tócate RD para apropiarse de donaciones, cobrar servicios no prestados y comercializar indebidamente medicamentos oncológicos.

El esquema delictivo al descubierto

A los apresados en esta nueva fase se les imputan cargos formales de coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, desfalco, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano y lavado de activos. Las pruebas acumuladas por los órganos acusadores describen maniobras fraudulentas que van desde el uso de sellos médicos apócrifos y doble facturación, hasta la asignación de habitaciones de centros oncológicos para intervenciones estéticas privadas y la manipulación de estados contables para desviar fondos hacia cuentas particulares.