La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) salió al paso ante las recientes confusiones sobre la vestimenta reglamentaria de los privados de libertad, aclarando de manera formal que el uso de la camiseta verde no es obligatorio al momento de presentarse ante los tribunales del país.

El órgano penitenciario puntualizó que, si bien este atuendo forma parte del uniforme reglamentario exigido dentro de los recintos carcelarios —como en el Centro de Atención a Personas en Privación de Libertad Provisional (CAPLIP-2) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva—, las normas cambian cuando se trata de traslados a audiencias o diligencias externas.

Lo que establece la Ley núm. 113-21

Según explicó la institución, el uso de ropa unificada dentro de las cárceles responde a estrictos criterios de seguridad interna y convivencia social contemplados en la Ley núm. 113-21. A cada interno se le suministra a su ingreso un kit de vestimenta y de higiene personal, requiriéndose que cualquier prenda adicional mantenga las características del código asignado.

Sin embargo, la propia legislación penitenciaria ampara los derechos de los procesados en sus salidas oficiales. El artículo 74 de la referida ley estipula con claridad que, al acudir a citas judiciales, consultas médicas u otras gestiones autorizadas fuera del recinto, los ciudadanos bajo custodia preventiva tienen la potestad de vestir sus prendas personales o ropa de civil (de paisano).

El malestar generado en el caso SeNaSa 2.0-A

Esta precisión institucional surge luego del reclamo público elevado por los abogados defensores de varios imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0-A. Durante la preparación de la audiencia de solicitud de medidas de coerción, los togados denunciaron que personal del área de Atención Permanente en Ciudad Nueva les requirió que sus clientes portaran polos verdes para acceder a la sala.

La directriz generó desconcierto y contratiempos, obligando a los profesionales del derecho a desplazarse a comercios cercanos para adquirir las prendas de prisa. Ante el incidente, la DGSPC ratificó su apego irrestricto al marco constitucional y a los protocolos que garantizan la dignidad humana y el debido proceso de los 25 imputados y de cualquier otro privado de libertad en el sistema dominicano.