Agotados por una espera que se extiende por casi tres décadas, un colectivo de profesionales del sector agropecuario elevó un vehemente llamado al presidente Luis Abinader para que ordene al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) resolver su situación jurídica. El grupo demanda la entrega inmediata de sus títulos de propiedad y la adjudicación física de solares de aproximadamente 250 metros cuadrados, por los cuales completaron sus pagos hace 27 años sin recibir respuesta definitiva.

Décadas de pagos y promesas incumplidas

De acuerdo con Enerolisa Simón, vocera de la comisión de afectados, el proyecto contempló inicialmente la asignación de 1,068 parcelas divididas en las etapas Susan I, Susan II y Susan III, emplazadas en el entorno de la autopista Las Américas, próximo al Club de Aduanas. Más adelante, 592 de los profesionales fueron reubicados hacia terrenos ubicados en el kilómetro 22 de la misma vía, en la zona de La Caleta.

Los perjudicados estiman haber transferido al CEA una cifra global cercana a los 60 millones de pesos. Dicho monto abarca desde un abono inicial de seis millones y dos millones adicionales para habilitar caminos en un área que en su momento carecía de servicios básicos y presentaba un suelo rocoso, hasta el saldo total de los predios y otros ocho millones de pesos destinados exclusivamente a agilizar los trámites de titulación.

Trabas burocráticas e invasión de terrenos

El ingeniero Danilo Severino señaló que el proceso ha enfrentado graves dilaciones administrativas y la invasión de parte de las parcelas por parte de terceros. Aunque reconoció que una minoría de los beneficiarios ha logrado avances individuales, la gran masa sigue desamparada. En esa misma línea, el ingeniero Julio A. Peña denunció la opacidad en las oficinas del CEA ante las constantes visitas del gremio, lamentando profundamente que varios de los compradores originales ya hayan fallecido sin haber podido levantar sus viviendas.

Por su parte, Ramón Alvarado solicitó que estos expedientes sean incorporados formalmente a las jornadas del Plan Nacional de Titulación que ejecuta la actual gestión gubernamental. Asimismo, advirtió que, de continuar el silencio institucional, recurrirán a recursos legales y movilizaciones cívicas para exigir justicia ante un conflicto que les arrebató el sueño de un techo propio durante más de media vida.