El Gobierno dominicano adoptó una postura contundente frente a la degradación deliberada de los ecosistemas del país al emitir el decreto 615-26, disposición que cataloga formalmente las acciones que destruyen o dañan de manera sistemática los parques nacionales y reservas ecológicas como actos de «terrorismo medioambiental».

Durante un encuentro con los medios en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader advirtió que la preservación de los recursos naturales ha pasado a ser un asunto de alta prioridad y seguridad de Estado. El mandatario recordó que, al amparo de la legislación antiterrorista vigente (Ley 267-08) y las disposiciones del régimen penal dominicano, quienes provoquen daños severos, prolongados e irreversibles al entorno natural se enfrentarán a penas de reclusión que oscilan entre 30 y 40 años de prisión.

Consecuencias iguales para autores materiales e intelectuales

Abinader abordó con franqueza la problemática de los incendios forestales intencionales en zonas protegidas, señalando que las investigaciones demuestran la concurrencia de intereses locales y mano de obra extranjera. En ese orden, instruyó de inmediato a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración a intensificar los operativos de persecución en las zonas vulnerables.

«Si bien eran nacionales haitianos los que en su mayoría provocan los incendios, esos nacionales haitianos, en gran parte de los casos, eran enviados por dominicanos también. Entonces ambos van a sufrir la misma pena», puntualizó el mandatario, enfatizando que el fuego en un área protegida compromete el suministro de agua, el turismo y la subsistencia de toda la nación.

Coto a la extracción ilegal en ríos y cuencas

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, explicó que el mandato presidencial no solo abarca la prevención de siniestros forestales, sino que refuerza drásticamente la persecución contra la extracción indiscriminada de agregados y arena en los afluentes.

Para contrarrestar este flagelo, los cuerpos de seguridad estatal y la cartera ambiental redoblarán la vigilancia continua a lo largo de los principales cauces fluviales, buscando erradicar una práctica ilícita que amenaza con secar los reservorios hídricos estratégicos de la República Dominicana.