En una audiencia marcada por firmes llamados de atención, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) emplazaron a la fiscal titular del distrito judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, a respetar las sentencias judiciales y abandonar la práctica de no acatar las decisiones dictadas por los tribunales del país.

La comparecencia de la funcionaria se produjo luego de que el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier, emitiera una orden de conducencia en su contra, debido a que no asistió a una cita previa pautada para el 26 de octubre sin presentar justificación alguna ante el tribunal.

Un llamado directo al apego institucional

Durante la sesión de revisión constitucional de sentencia de amparo, la magistrada Alba Luisa Beard Marcos cuestionó severamente la postura de la fiscalía provincial, señalando que se han registrado al menos nueve casos en la provincia Duarte donde el Ministerio Público se ha negado a ejecutar fallos judiciales.

"Una de las cosas que fortalece el Estado de derecho es obedecer y ejecutar las decisiones de los tribunales, aunque no nos gusten. No vuelva a incurrir en actos de esa naturaleza", advirtió la magistrada Beard Marcos, recordándole además que los cargos públicos son transitorios y que cualquier funcionario puede verse en el futuro en la posición contraria.

La libertad como garantía innegociable

Por su parte, el presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, instruyó a los representantes del Ministerio Público a consignar de forma precisa el estatus carcelario de los procesados en los expedientes remitidos a la alta corte. Estévez recalcó que, mientras una sentencia no sea formalmente revocada por un tribunal competente, es de cumplimiento obligatorio.

El magistrado fue categórico al recalcar que la renuencia a acatar resoluciones no puede ser utilizada como mecanismo para postergar liberaciones legítimas, enfatizando que la libertad constituye un derecho fundamental que el Tribunal Constitucional defenderá bajo cualquier circunstancia.

A estas reflexiones se sumó la magistrada Sonia Díaz, quien precisó que, si bien el órgano persecutor tiene el deber de investigar los delitos, también ostenta el rol constitucional de representar a la sociedad y salvaguardar las garantías ciudadanas.

Origen de la citación

El requerimiento contra la magistrada Rodríguez derivó del expediente TC-05-2023-0240, correspondiente al recurso de revisión contra la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada en abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Duarte. Con este señalamiento, el TC traza una clara advertencia a los operadores del sistema de justicia penal sobre los límites y obligaciones del Ministerio Público frente a las órdenes de los jueces.