Tras más de seis meses de resistencia activa y vigilias ininterrumpidas, los comunitarios del distrito municipal de La Cuaba lograron frenar de manera definitiva la construcción de una planta de valorización de desechos en el paraje El Aguacate. La disposición del presidente Luis Abinader, que cancela cualquier pretensión de erigir la obra en esta zona ecoturística, fue formalmente anunciada a la comunidad y aceptada por la firma promotora Oak House.

La comitiva gubernamental encargada de trasladar la resolución estuvo encabezada por el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez. Frente a cientos de residentes congregados, Santos subrayó que la directriz del mandatario es tajante: «Una decisión expresa del presidente manda a decir que no va (...) aquí se aprueba que no va la estación y punto». De acuerdo con lo pactado, la empresa y el Estado dominicano deberán coordinar una localización alternativa que dé respuesta técnica a la crisis de residuos del Gran Santo Domingo sin vulnerar el entorno de La Cuaba.

Un clamor cívico enfocado en el ecoturismo

El anuncio desató una ola de júbilo entre las familias que mantuvieron el campamento de protesta en los terrenos de 1,500 tareas donde se proyectaba la obra, justo frente a instalaciones avícolas de la empresa Avitécnica. El vocero del movimiento vecinal y presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, elogió la rectificación del Gobierno central y valoró que las autoridades escucharan los argumentos sobre el impacto sanitario y ecológico que amenazaba el modelo de desarrollo local.

Correa puntualizó que la principal fuente de sustento y proyección del distrito municipal radica en el ecoturismo, un renglón incompatible con la operación de una estación de esa envergadura. Asimismo, resaltó la tenacidad de figuras comunitarias como el pastor Geraldo Pérez, titular de la Confraternidad de Pastores, y Milagro Laureano, líder de la Junta de Vecinos Los Aguacates, junto a legisladores y dirigentes sociales de la demarcación.

El desenlace de un largo litigio

La controversia en torno a este proyecto data de 2021, cuando se ingresó la primera solicitud de permisos ambientales. Aunque Medio Ambiente denegó la autorización en 2023 amparado en el rechazo social y los estudios técnicos, un posterior fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en 2025 reactivó el proceso, derivando en licencias notificadas recientemente por el ministro Paíno Henríquez.

Con la reciente intervención del Poder Ejecutivo, el conflicto territorial queda neutralizado, abriendo una fase de concertación técnica para ubicar un espacio idóneo que permita procesar los desechos metropolitanos sin sacrificar reservas ambientales ni asentamientos humanos.