Tras concluir el proceso de vistas públicas y evaluación de 82 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), diversos sectores de la sociedad civil y el ámbito empresarial han alzado la voz para exigir que las designaciones finales fortalezcan la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial dominicano.

Desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), su presidente, Boris de León, enfatizó la necesidad de que la meritocracia rija de principio a fin las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). De León apuntó que el país demanda un proceso visible y transparente, recordando que cualquier inquietud ciudadana sobre los perfiles evaluados puede cotejarse directamente en los registros del órgano evaluador. Asimismo, subrayó que quien resulte electo para presidir la alta corte debe ostentar méritos profesionales indiscutibles para garantizar la legitimidad del cargo, al tiempo que desestimó señalamientos sobre supuestas afinidades con el presidente Luis Abinader, señalando que el periodo para presentar objeciones formales ya concluyó.

Equidad de género y carrera judicial en el centro del debate

Por su parte, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) puso el foco en la trayectoria interna de los magistrados y la representatividad. Su coordinadora, Leidy Blanco García, sostuvo que existe un amplio cuerpo de jueces formados esperando la oportunidad de servir con rectitud en las más altas instancias. Destacó que las mujeres componen el 67 % de la judicatura nacional, por lo que este escenario representa un momento propicio para reconocer a juezas de carrera con condiciones éticas y técnicas sobradas.

En esa misma línea, el excoordinador de la entidad, Pancho Álvarez Valdez, manifestó su postura de que la presidencia de la SCJ recaiga sobre un juez de carrera, alejando la designación de eventuales repartos políticos. Aunque la Carta Magna permite que hasta una cuarta parte de la matrícula provenga del ejercicio profesional o académico fuera de las cortes, los representantes cívicos insisten en que el compromiso con la judicatura debe prevalecer en esta trascendental selección.