Con una visión orientada a consolidar la transparencia y la celeridad procesal en los tribunales dominicanos, el magistrado Justiniano Montero Montero delineó las prioridades institucionales que guiarán su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial. El nuevo titular del alto tribunal situó la ética y la modernización digital como las piedras angulares de su agenda.

Blindaje ético y actualización normativa

Uno de los puntos medulares expuestos por Montero es el establecimiento de una política rigurosa de integridad interna. Su programa contempla la puesta en marcha de un modelo antisobornos y esquemas formativos orientados a la prevención e identificación oportuna de conflictos de interés entre los operadores jurídicos.

Para el magistrado, la independencia judicial debe complementarse indispensablemente con la rendición de cuentas y una postura proactiva contra la corrupción. En ese contexto, planteó la urgencia de trabajar en una nueva ley orgánica del Poder Judicial, instrumento que actualizaría el marco normativo de la carrera judicial y fijaría estándares claros para la gobernanza institucional.

Estrategia contra la mora y optimización digital

En lo referente a la eficiencia en los fallos, Montero abordó de manera directa el problema histórico de la mora judicial. Si bien reconoció los avances alcanzados durante la presidencia de Luis Henry Molina en la digitalización de procesos, subrayó que su gestión se concentrará en perfeccionar y replantear estas herramientas para que el impacto sobre los expedientes pendientes sea aún mayor.

El plan contempla maximizar el aprovechamiento de los canales digitales, procurando que las innovaciones tecnológicas se traduzcan en resoluciones oportunas y garanticen en todo momento el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los justiciables.

Plan de 100 días y panorama financiero

La puesta en marcha de estas iniciativas comenzará de inmediato con la convocatoria al pleno de la SCJ para consensuar las directrices del denominado "Plan de mejora del sistema de justicia a 100 días", una agenda de corto plazo diseñada para sentar las bases operativas de este nuevo ciclo institucional.

Respecto a los recursos financieros para materializar estas metas, Montero consideró que el presupuesto asignado actualmente permite iniciar la ruta trazada, aunque dejó abierta la expectativa de gestionar partidas complementarias en la medida en que el alcance de los proyectos de modernización judicial lo requiera.