Una profunda revisión realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a las operaciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) sacó a relucir una serie de inconsistencias operativas, presupuestarias y de personal durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, bajo la gestión ejecutiva de Salvador Ramos.

El diagnóstico oficial otorgó al Sistema de Control Interno de la institución una calificación moderada de apenas 57.55 %, destacando un alarmante 0.00 % en el renglón de monitoreo y evaluación, y un 32 % en la administración de riesgos. Entre los señalamientos más críticos en materia de transparencia figura la no publicación en el portal correspondiente de nóminas de suplencias, personal eventual e interinatos por un monto superior a los RD$ 10 millones, si bien el informe aclara que esta omisión corresponde a una falta de divulgación y no a una determinación de ilegalidad en los desembolsos.

Discrepancias financieras y compras bajo la lupa

En el terreno financiero, los auditores constataron que la entidad no presentó estados financieros auditados para los ejercicios fiscales de 2020 a 2024. Asimismo, se detectaron discrepancias entre los principales rubros financieros y las balanzas de comprobación. En cuanto al desempeño presupuestario, la ONAPI contó con una asignación global de RD$ 2,905.7 millones, de los cuales ejecutó RD$ 2,459.5 millones, registrándose además diferencias entre los informes presupuestarios y las evaluaciones de metas.

El apartado de contrataciones públicas examinó operaciones por más de RD$ 266.2 millones, identificando prácticas de fraccionamiento en compras menores de banquetes y catering por RD$ 2.9 millones. También se consignaron 21 procesos adjudicados a un único oferente que totalizaron RD$ 13.2 millones dentro de procedimientos con invitación limitada, además de 15 contratos de consultoría y asesoría por RD$ 15.2 millones cuyos productos finales no se correspondían con las especificaciones técnicas estipuladas.

Irregularidades en recursos humanos y manejo de inventario

El levantamiento en el área de personal evidenció que al menos 80 cargos operaban sin estar contemplados en el manual institucional ni contar con la debida aprobación del Ministerio de Administración Pública (MAP). El informe también reportó distorsiones salariales: 59 colaboradores percibían remuneraciones por debajo de la escala establecida y 27 por encima. A esto se sumó la ausencia de registros de asistencia en una muestra de 65 colaboradores, compensaciones de combustible que excedían el 10 % del sueldo en siete casos, y pagos extraordinarios a asesores por RD$ 6.2 millones.

Finalmente, la inspección física arrojó activos no localizados —13 de una muestra de 102—, 14 vehículos que continuaban a nombre del organismo ante la DGII pese a haber sido descargados en 2021, y materiales de almacén estancados por RD$ 1.4 millones. La Contraloría subrayó que los hallazgos señalan debilidades formales de control y conciliación administrativa, sin que por el momento se establezcan imputaciones penales o desfalcos demostrados.