Una profunda revisión financiera efectuada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre el Ministerio de Educación (Minerd) sacó a la luz una serie de inconsistencias tributarias ocurridas durante la administración de Roberto Fulcar, en el período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.

El órgano fiscalizador determinó que la institución gubernamental omitió la aplicación de las retenciones reglamentarias del 5 % correspondientes al Impuesto sobre la Renta (ISR) en múltiples desembolsos para el pago del servicio eléctrico, acumulando un total no retenido de RD$3,719,314.

La defensa de la pasada gestión no convenció a los auditores

Frente a este señalamiento, el exministro Roberto Fulcar sostuvo que la omisión no representó un perjuicio económico ni una merma en las recaudaciones fiscales del Estado, asegurando que los proveedores implicados realizaron oportunamente sus declaraciones tributarias y saldaron sus compromisos con el fisco conforme a la ley.

No obstante, la Cámara de Cuentas desestimó estos argumentos. Los auditores concluyeron que las explicaciones y documentos remitidos por la pasada administración carecían de evidencia técnica suficiente, pertinente y competente para desestimar el hallazgo, por lo que la observación se mantuvo firme en el dictamen final.

Retención indebida de ITBIS en compra de tecnología

El informe del órgano de control también identificó distorsiones en el cobro de otros gravámenes. Específicamente, se detectó una retención indebida de RD$309,898 en concepto de Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), tras aplicarse una tasa del 30 % en adquisiciones de monitores, tratándose de operaciones exentas de dicha imposición según el marco tributario vigente.

Aunque Fulcar argumentó que bajo su mando se gestionó asistencia técnica de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para corregir y prevenir estos desajustes operacionales, el equipo auditor ratificó la falla ante la ausencia de soportes documentales concluyentes que demostraran la subsanación de estas irregularidades.