domingo, 22 de noviembre de 2026
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Cámara de Cuentas detecta pagos por US$16.7 millones sin soporte en contrato del Sistema de Armas

Publicadodom, 22 nov 2026, 6:56 a. m.
Cámara de Cuentas detecta pagos por US$16.7 millones sin soporte en contrato del Sistema de Armas

Una exhaustiva investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) sacó a la luz graves irregularidades en la contratación y ejecución del Sistema Nacional de Armas (SISNA). De acuerdo con el informe de auditoría que abarcó desde marzo de 2011 hasta septiembre de 2023, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) desembolsó US$16.7 millones (más de RD$685 millones) a la empresa Lionbridge Capital sin contar con los documentos de respaldo que justifiquen el destino de los fondos públicos.

El origen del proceso se remonta a agosto de 2011, cuando el Estado adjudicó una concesión valorada en US$22.8 millones a Lionbridge Capital, una sociedad comercial constituida apenas cuatro meses antes con un capital social de apenas RD$100 mil. La fiscalización determinó que la compañía no evidenció la experiencia operativa, solvencia financiera ni capacidad técnica exigidas por el artículo 8 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Pese a estas limitaciones, el contrato fue adjudicado de forma directa, prescindiendo del proceso de licitación pública obligatoria para este tipo de concesiones.

Pagos rezagados y archivos desaparecidos

Entre 2012 y 2015 se materializaron 15 libramientos que sumaron los US$16.7 millones antes citados, quedando una deuda pendiente estimada en US$6.08 millones. No obstante, los auditores comprobaron que el MIP no suministró piezas cruciales del expediente: faltan inventarios actualizados, registros de activos fijos, justificaciones técnicas para la suspensión de pagos y los soportes de libramientos específicos (como los números 287-1 y 3051-1, equivalentes a RD$90 millones), los cuales carecen de factura y acta formal de recepción de bienes.

El expediente auditado arroja que, paralelamente a los pagos del Estado, la empresa concesionaria generó unos RD$1,564.9 millones entre octubre de 2013 y septiembre de 2023 por concepto del cobro de servicios de huellas balísticas a los ciudadanos. El ente fiscalizador remarcó que esta explotación comercial operó con riesgos para el patrimonio público, dado que las cláusulas contractuales supeditaban el inicio del plazo de la concesión al pago final del precio pactado, un hito que formalmente nunca ocurrió.

Indicios penales y reacciones de exministros

El informe documenta doce hallazgos administrativos, tres de los cuales contienen indicios de responsabilidad penal que apuntan a violaciones a la Ley de Archivos y al Código Penal dominicano:

  • Falta de soporte documental (Hallazgo 3.1.4): Imposibilitó rastrear el manejo y destino real de los desembolsos millonarios.
  • Omisión de licitación pública (Hallazgo 3.2.2): Se otorgó una concesión estatal obviando el mecanismo legal mandatorio.
  • Falta de perfeccionamiento legal (Hallazgo 3.2.5): La concesión a más de cinco años no contó con decreto presidencial ni resolución del órgano rector.

Frente al dictamen, el exministro José Ramón Fadul argumentó que la contratación se amparó en un decreto de emergencia de 2011 y en trámites de excepción, atribuyendo los retrasos a trabas burocráticas y alegando que la falta de archivos puede subsanarse. Por su parte, el exministro Carlos Amarante Baret precisó que asumió la institución en 2016, lustro después de suscrito el convenio, y que en su administración no se erogó un solo centavo a la empresa. En tanto, la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró que no reconoce el monto pendiente como una deuda líquida y exigible, al tiempo que instruyó un proceso de reconstrucción del expediente.

La Cámara de Cuentas desestimó los descargos presentados por considerar que no aportaron pruebas documentales suficientes que refuten las observaciones, remitiendo el caso a los organismos de persecución judicial correspondientes para que determinen las consecuencias legales.