Una exhaustiva investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló múltiples anomalías financieras y contractuales en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), vinculadas a la contratación de la firma Servicios Nacional de Seguridad Integral (SENASE). Entre los hallazgos más contundentes figuran 14 pagos por un total de RD$60,855,536 ejecutados con posterioridad al vencimiento del acuerdo formal, además de expedientes con documentación incompleta que alcanzan la suma de RD$172,470,145.

El peritaje del órgano fiscalizador, realizado a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), abarcó operaciones realizadas entre marzo de 2017 y marzo de 2025. El contrato original (0215-2017) se pactó en septiembre de 2017 para brindar seguridad y vigilancia en Santo Domingo Norte y San Cristóbal por RD$104.7 millones, sufriendo luego cuatro adendas. La última extensión expiró el 30 de junio de 2021 estipulando que no operaría la renovación automática. Pese a esto, la distribuidora continuó emitiendo desembolsos directos bajo el argumento de no interrumpir la vigilancia mientras se gestionaban nuevas licitaciones.

Vacíos documentales y falta de soportes esenciales

El reporte técnico identificó serias lagunas de control interno durante el período analizado:

• Carencia de facturas y soportes: Un cotejo cruzado entre Edesur y el proveedor detectó 37 transacciones comerciales (facturas y notas de crédito) por más de RD$53.8 millones que carecen de los documentos de rigor para confirmar su trazabilidad fiscal.
• Expedientes extraviados: No se localizaron los registros correspondientes a tres pagos de 2017 y 2019 que sumaron RD$8,287,839.
• Falta de certificaciones: De los desembolsos revisados por RD$172.4 millones, se registraron 46 pagos sin certificaciones tributarias ni de seguridad social, 45 sin comprobantes de disponibilidad presupuestaria y 45 sin formularios de recepción conforme de bienes y servicios.
• Discrepancias en facturación: Se detectaron incongruencias entre los montos facturados y los reportados por la proveedora, como una diferencia de RD$500,598 en una factura de agosto de 2021.

El gerente general de Edesur, José Luis Actis, argumentó en su réplica que las erogaciones buscaban mantener la operatividad institucional y que la distribuidora ha fortalecido sus mecanismos de control y archivo desde 2024. No obstante, los auditores ratificaron sus nueve observaciones, enfatizando que la necesidad de continuidad del servicio no exime a los entes estatales de respaldar cada peso público con contratos vigentes y la debida documentación legal.

Vínculos con el entramado judicial de la Operación Lobo

El expediente de SENASE se conecta de forma directa con el caso judicial conocido como Operación Lobo, donde el Ministerio Público formalizó acusación contra 14 personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos estimados en RD$108,080,360, dirigidos a asegurar y retener contratos en entidades estatales como las distribuidoras eléctricas, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el INAIPI.

Entre los imputados dentro del proceso judicial figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de SENASE, y Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien fungió como director de Seguridad de Edesur. Ante los indicios que podrían derivar en responsabilidades administrativas y penales, la Cámara de Cuentas dispuso remitir sus conclusiones al Ministerio Público y otorgó a Edesur un plazo de 25 días hábiles para presentar un plan de acción correctivo de cumplimiento obligatorio.