El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desestimó la recusación promovida por el Ministerio Público contra la jueza Ailín Ventura, ordenando la reactivación inmediata del conocimiento del juicio de fondo y la lectura formal del voluminoso pliego acusatorio en el denominado caso Calamar.

La decisión fue adoptada por las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, quienes, tras descartar los méritos de la objeción procesal planteada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecución, instruyeron al órgano acusador a proceder formalmente con la presentación de cargos en audiencia pública.

El conflicto por el voto disidente

El intento de apartar a Ventura de la sala de audiencias fue encabezado por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, amparándose en el artículo 80 del Código Procesal Penal. El argumento acusador sostenía que la jueza incurrió en prejuzgamiento al emitir previamente un voto disidente en el que consideró prescrita la acción penal por vencimiento del plazo máximo procesal.

Durante su intervención, Ortiz planteó que mantener la postura de que el caso se encuentra legalmente extinguido equivalía a invalidar cualquier posterior valoración de pruebas, señalando que, bajo esa óptica de la magistrada, el proceso carecería de materia de juzgamiento.

Proceso se mantiene en marcha

Pese al razonamiento individual de Ventura, el tribunal ratificó por mayoría su decisión original de rechazar los incidentes de extinción que habían sometido las defensas técnicas de los encartados Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz.

Con la ratificación del tribunal colegiado en pleno, el proceso judicial retoma su curso para evaluar la presunta red de desfalco al erario que encabeza como principal imputado el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.