En una firme decisión orientada a resguardar el patrimonio ecológico y la seguridad nacional, el presidente Luis Abinader promulgó el Decreto 615-26, mediante el cual se declara de alto interés nacional la prevención y el combate del denominado terrorismo medioambiental. La disposición gubernamental pone especial foco en la custodia de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, presas, embalses, acueductos, bosques, manglares y demás infraestructuras críticas para el sustento del país.

La normativa contempla bajo esta denominación aquellos atentados dirigidos contra ecosistemas estratégicos que, por su gravedad y modus operandi, encajen dentro de los presupuestos establecidos en la legislación antiterrorista vigente, particularmente en la Ley 267-08. Las autoridades especificaron que la medida no crea una nueva tipificación penal ni altera los delitos existentes, sino que estructura un andamiaje preventivo e interinstitucional para blindar recursos vitales para el suministro hídrico, la producción agropecuaria, la soberanía energética y la estabilidad económica nacional.

Canales confidenciales y protección al denunciante

Uno de los pilares de este decreto es la participación ciudadana activa en la detección temprana de amenazas. El Gobierno instruyó la habilitación de plataformas tecnológicas y canales confidenciales que permitan a la población reportar anomalías o agresiones al medio ambiente de forma anónima y segura.

Asimismo, el decreto establece garantías de protección para informantes y colaboradores de buena fe, procurando evitar represalias contra quienes aporten datos cruciales. Esta estrategia busca redoblar la vigilancia frente a crímenes de alto impacto, tales como los incendios forestales intencionados, la deforestación a gran escala y los sabotajes a infraestructuras hídricas.

Política nacional y coordinación de seguridad

El mandato presidencial ordena el diseño inmediato de la Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, una mesa técnica de alto nivel conformada por:

• El Ministerio de Defensa.
• El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• El Ministerio de Interior y Policía.
• El Ministerio de Justicia, junto a los organismos de inteligencia del Estado y fuerzas antiterroristas.

Tanto Defensa como Medio Ambiente remitirán reportes periódicos al mandatario sobre los riesgos identificados y las operaciones en marcha. Aunque el Poder Ejecutivo asumirá las labores de carácter preventivo y disuasivo, cualquier ilícito penal detectado será canalizado de forma directa al Ministerio Público, órgano facultado para liderar las pesquisas judiciales y someter a los responsables ante los tribunales dominicanos.