Una jornada de tensión se vivió este martes en la Cámara Baja luego de que la diputada por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez, tomara su turno de ponencia para denunciar formalmente una supuesta agresión cometida por agentes de la Policía Nacional en su contra. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo durante las festividades patronales del municipio de Comendador.

Tras romper más de 24 horas de silencio, Martínez relató ante sus colegas el atropello del que afirma haber sido víctima por parte de la fuerza pública. Durante su intervención, la legisladora no dudó en cuestionar la postura de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señalando una aparente contradicción entre su historial de activismo en favor de los derechos ciudadanos y su silencio institucional ante el incidente reportado en la frontera.

Desbandada legislativa y falta de cuórum

Al concluir las declaraciones de Martínez, la reacción en el hemiciclo fue inmediata. En un inusual acto de consenso partidario, la gran mayoría de los congresistas se puso de pie, expresó su respaldo mediante señas de aplauso y procedió a abandonar sus curules en masa. De los 190 miembros que componen la matrícula, apenas 23 diputados permanecieron en el recinto, lo que forzó la suspensión inmediata de la sesión por falta del cuórum requerido por la Carta Magna.

El legislador Wandy Batista calificó lo sucedido como un agravio directo a la institucionalidad del país: "Esto es un vejamen a la Constitución. Aunque no considero que sea una línea general de la Policía Nacional, un comportamiento así no puede pasarse por alto. Más allá del daño a la persona, vulnera el marco constitucional", puntualizó.

Discrepancia desde la presidencia de la Cámara

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su desacuerdo con la paralización de las labores congresuales, argumentando que ningún hecho externo justifica frenar los trabajos legislativos.

"Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha", enfatizó Pacheco ante la prensa, recordando que a lo largo de su carrera siempre ha priorizado el cumplimiento del deber congresual. Advirtió que, en ocasiones, desbordar los canales institucionales de reclamo puede restar legitimidad a las causas justas.

El marco legal sobre la inmunidad parlamentaria

El incidente reabre el debate sobre las prerrogativas de los legisladores dominicanos frente a la fuerza del orden. La Constitución consagra en su artículo 84 la inmunidad parlamentaria, limitando la detención de un congresista a dos supuestos exclusivos: ser descubierto cometiendo un delito flagrante o mediante la autorización expresa de la cámara correspondiente tras el despojo de su protección.

Asimismo, el artículo 87 de la Carta Magna especifica que esta prerrogativa no opera como un privilegio individual para evadir la justicia, sino como una garantía jurídica destinada a proteger el normal desenvolvimiento del Poder Legislativo y salvaguardar la independencia de sus representantes.