El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada por la provincia Elías Piña, Millys Martínez, sostuvieron una reunión formal en la que acordaron dejar atrás el conflicto registrado el pasado fin de semana entre la legisladora y varios agentes del orden. Mediante un comunicado conjunto, ambas partes calificaron el episodio como un asunto «superado», apostando por el fortalecimiento del diálogo institucional y el respeto a las prerrogativas de cada poder del Estado.

El incidente, que generó una fuerte ola de indignación pública, se dio a conocer tras la difusión de un video donde se observaba a la congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) siendo esposada mientras exigía a los agentes que la soltaran. Martínez relató posteriormente que su intervención se debió al intento de evitar que un joven de su demarcación fuera agredido físicamente por la patrulla en un operativo por el control de ruidos.

Reacción institucional y revuelo en el Congreso

El hecho provocó una enérgica respuesta en la Cámara de Diputados. Su presidente, Alfredo Pacheco, condenó de inmediato lo ocurrido, calificándolo como un atentado a la investidura legislativa y a las garantías constitucionales. En señal de repudio, los legisladores llegaron a paralizar los trabajos parlamentarios y abandonaron el hemiciclo, al tiempo que Martínez tomaba la palabra para denunciar los excesos de autoridad: «Si una diputada es víctima de semejante abuso, ¿qué le espera a un agricultor, a un motorista o a cualquier ciudadano común?», cuestionó la representante fronteriza.

Investigaciones bajo reserva

A raíz de la controversia, la Policía Nacional había designado al inspector general de la institución, general Martín Tapia Sánchez, para encabezar las pesquisas de rigor en Elías Piña. El vocero policial, Diego Pesqueira, señaló en su momento que no se tolerarían extralimitaciones y que se aplicarían las sanciones disciplinarias de lugar en caso de comprobarse violaciones a los protocolos internos.

A pesar de que la reunión entre el mayor general Rodríguez García y la legisladora busca poner punto final a la controversia pública, hasta el momento las autoridades no han hecho públicos los resultados formales de la investigación que determinaría la responsabilidad de los uniformados involucrados.