Un severo informe de auditoría elaborado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ratificó seis observaciones críticas sobre las contrataciones, adendas y desembolsos ejecutados por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) a favor de la compañía Servicios Nacionales de Seguridad Integral (SENASE). El expediente, que abarca operaciones por un monto global de RD$ 867,282,729, pone de relieve la ausencia de registro formal de los instrumentos contractuales, firmas extemporáneas, falta de pólizas de fiel cumplimiento e incrementos presupuestarios que violaron los márgenes legales permitidos.

El órgano de control externo detectó indicios de responsabilidad penal específicamente en la gestión y aprobación de cuatro adendas al contrato suscrito en 2019. Estas modificaciones acumularon RD$ 216,717,501, lo que representó un incremento del 85 % sobre el valor pactado originalmente, sobrepasando con creces el límite del 50 % que fija la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. De acuerdo con los auditores, este exceso representó un monto irregular de RD$ 89,328,477, configurando posibles infracciones administrativas y penales ocurridas entre junio de 2022 y febrero de 2024.

Pagos millonarios sin documentación de respaldo

La fiscalización también arrojó serias deficiencias en la gestión de pagos. La entidad fiscalizadora identificó 58 expedientes de pago por un total de RD$ 481,612,003 que carecían de los soportes obligatorios, tales como certificaciones de disponibilidad presupuestaria, comprobantes de obligaciones tributarias y de seguridad social, autorizaciones bancarias de transferencias y constancias fehacientes de la recepción conforme de los servicios de vigilancia.

El reporte desglosa estos expedientes de pago incompletos a través de varias administraciones que encabezaron la distribuidora estatal:

• Luis Ernesto de León: 19 expedientes observados por RD$ 132,347,002.
• Tomás Ozuna Tapia: 9 expedientes por RD$ 70,352,402.
• Andrés Emmanuel Astacio Polanco: 11 expedientes por RD$ 98,667,590.
• Andrés Julio Portes Pompiano: 10 expedientes por RD$ 96,875,829.
• Manuel Alberto Mejía Naut: 8 expedientes por RD$ 70,773,500.
• Mario Esteban Pizarro Stiepovich: 1 expediente por RD$ 12,595,680.

La Cámara de Cuentas precisó que esta distribución responde a la cronología de los pagos y no prejuzga la participación directa e individual de cada exfuncionario en la tramitación interna de cada desembolso.

Adendas vencidas y contratos firmados fuera de plazo

El análisis técnico subraya que las cuatro adendas al contrato inicial de 2019 se formalizaron cuando dicho convenio ya había vencido, y la cuarta adenda —por más de RD$ 21.2 millones— se ejecutó sin evidencia de la póliza de garantía de fiel cumplimiento requerida por normativa. Asimismo, los dos contratos evaluados (el de 2019 por RD$ 254.7 millones y el suscrito en 2024 por RD$ 395.7 millones) se suscribieron con retrasos injustificados de 20 y 2 días hábiles, respectivamente, tras la notificación de adjudicación.

Frente al alegato de la administración de EDEESTE sobre supuestos impedimentos para registrar contratos en el sistema electrónico de la Contraloría General de la República, los auditores refutaron la postura señalando que la entidad debió recurrir a los mecanismos alternativos vigentes, remitiendo las copias certificadas a la Unidad de Auditoría Interna.

Conexión judicial con la Operación Lobo

Esta exhaustiva revisión técnica tuvo su génesis en un requerimiento formal emitido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por la magistrada Mirna Ortiz. Las operaciones contractuales con SENASE, representada legalmente por Quilvio Bienvenido Rodríguez González, constituyen un pilar clave en el expediente judicial de la denominada Operación Lobo, investigación del Ministerio Público que indaga una presunta red de sobornos para captar y asegurar servicios de seguridad privada en organismos del Estado.

Tras desestimar los descargos ofrecidos por los exfuncionarios y la actual dirección de la distribuidora, la Cámara de Cuentas dispuso remitir sus conclusiones al Ministerio Público e instruyó a EDEESTE a elaborar un Plan de Acción Correctivo en un plazo no mayor a 25 días hábiles para subsanar los vulnerados controles de supervisión contractual y desembolsos.