El gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo formal a las recientes actuaciones de las autoridades dominicanas orientadas a combatir el comercio ilícito y la informalidad industrial. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, felicitó públicamente al Estado dominicano tras la intervención y clausura definitiva de una planta clandestina de procesamiento de cartón administrada por ciudadanos de origen chino en Santo Domingo.

A través de una declaración institucional emitida en sus canales oficiales, el diplomático estadounidense enfatizó que el crecimiento comercial de la región debe sustentarse sobre bases de estricta legalidad. Segura subrayó que no se puede tolerar la operación de empresas sin las debidas licencias, la gestión de depósitos no autorizados de combustible ni la elusión de los marcos laborales vigentes mediante la contratación irregular de mano de obra foránea.

Un golpe a la informalidad industrial

El pronunciamiento de Washington hace referencia directa al operativo ejecutado a principios de este mes por inspectores del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). La entidad estatal procedió al cierre inmediato de la denominada Fábrica Cartesa, un complejo que operaba de manera encubierta en el municipio de San Antonio de Guerra.

Durante las pesquisas oficiales, los organismos reguladores constataron múltiples infracciones graves al marco jurídico nacional, entre las que destacan:

• Carencia absoluta de Certificado de Uso de Suelo, documento indispensable para el asentamiento de naves de manufactura.
• Ausencia de registros y permisos comerciales, operando fuera del radar tributario y regulatorio.
• Irregularidades laborales severas, derivadas del empleo de personal extranjero sin el debido estatus migratorio ni las garantías que exige el Código de Trabajo.

Para el alto funcionario norteamericano, acciones contundentes como esta reafirman que una verdadera cooperación económica bilateral requiere de transparencia, competencia leal y pleno respeto al Estado de derecho, pilares esenciales para proteger tanto el mercado formal como los derechos de los trabajadores en la República Dominicana.