El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) avanzó este martes en su calendario de evaluaciones al interpelar a una veintena de aspirantes que buscan llenar una de las seis plazas vacantes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Entre los comparecientes sobresalió la figura de Fernando Langa, jurista propuesto por diversos núcleos de la sociedad civil y sectores profesionales para asumir la presidencia del alto tribunal, posición ocupada en la actualidad por Luis Henry Molina.

Al iniciar su exposición frente a la mesa evaluadora, encabezada en esta jornada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Langa agradeció las múltiples postulaciones a su favor, subrayando que asume este momento con sobriedad. "Recibo esto con mucha humildad y reflexión... frente a la magnitud de poder estar al frente de una institución que es la más célebre con relación a nuestra vida republicana", sostuvo, antes de argumentar que su motivación para apartarse del ejercicio privado radica en una vocación constante hacia el bien común y la sensibilidad social.

Un llamado a la responsabilidad y la independencia judicial

El aspirante fue enfático al recalcar que su objetivo no radica en sumar un mérito curricular o protocolar a su trayectoria. "No he venido ante ustedes a buscar un honor. He venido a expresarles mi más sincera decisión de asumir esa gran responsabilidad", puntualizó Langa. En su diagnóstico sobre la judicatura, reconoció que existen avances institucionales tangibles, aunque advirtió que persisten áreas con claras oportunidades de mejora técnica y operativa.

Bajo ese marco, delineó un Poder Judicial donde converjan tres garantías indispensables: la protección efectiva para la ciudadanía, certezas procesales para los abogados en litigio y condiciones idóneas de independencia para los magistrados. "Porque la justicia no es de la Suprema Corte de Justicia, la justicia es de la República Dominicana", aseveró con firmeza.

Cuestionamientos técnicos a la Ley de Casación

El tramo final de su ponencia estuvo marcado por el intercambio jurídico con los legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP). El senador Omar Fernández requirió precisiones sobre las causales en las que la Ley 2-23 prohíbe interponer el recurso de casación y consultó su criterio sobre la coexistencia del interés casacional con el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En sintonía, el diputado Tobías Crespo indagó sobre la aplicación operativa de las resoluciones emitidas por dichas salas.

Al responder, Langa calificó como "criticable" la estructura de la legislación aprobada en el Congreso Nacional, señalando una fragmentación innecesaria en los artículos 10 y 11 respecto a las causales y supuestos en los que procede el recurso. La observación técnica del postulante puso el foco en la necesidad de dotar de mayor coherencia procesal a los mecanismos destinados a corregir los vicios del debido proceso en los fallos judiciales.