El proceso de transformación de la Policía Nacional volvió al centro del debate político y social. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, calificó como un traspié las ejecutorias del actual Gobierno en torno a la reforma policial, argumentando que existe un abismo evidente entre la narrativa oficial y la protección efectiva que perciben las comunidades en las calles.

De acuerdo con la experta en seguridad y defensa, la meta trazada por las autoridades de sumar unos 20,000 nuevos efectivos ha quedado prácticamente desarticulada al contrastarse con las estadísticas institucionales. Los registros señalan que la nómina policial (excluyendo conscriptos) pasó de 36,094 integrantes en 2020 a 38,603 en 2026, lo que representa un crecimiento neto de apenas 2,509 plazas adicionales a lo largo de este periodo.

Brecha entre promociones y retención del personal

Reynoso puntualizó que la aparente graduación de agentes no se está traduciendo en una mayor capacidad operativa. Aunque la institución reporta oficialmente la graduación de 9,801 miembros entre 2021 y 2025 —mientras que voceros comisionados han aludido a cifras cercanas a los 14,000—, el balance neto apenas absorbe un 25.6 % de los egresados.

Esta proporción sugiere que, por cada 100 policías que concluyen su formación técnica, el cuerpo policial solo retiene un promedio observable de 26 agentes. Para la dirigente opositora, este fenómeno evidencia salidas masivas que el Estado no transparenta:

• Falta de métricas claras sobre cancelaciones, dimisiones voluntarias, retiros y pensiones.
• Composición del personal, donde se destaca un incremento de 618 asimilados civiles (pasando de 2,085 a 2,703 puestos), en lugar de agentes patrulleros destinados estrictamente al orden público.
• Ausencia de balances financieros detallados sobre el costo unitario de formación frente al abandono temprano del servicio.

Exigencia de cuentas claras frente al relato oficial

Desde la perspectiva de la Fuerza del Pueblo, la administración del presidente Luis Abinader debe cesar el uso de actos protocolares y ruedas de prensa para sobredimensionar avances que la población no constata en los sectores vulnerables. La organización instó formalmente al Ministerio de Interior y Policía y al Comisionado para la Reforma Policial a presentar un calendario verificable, montos de inversión ejecutados e indicadores de desempeño.

«Graduar policías no es sinónimo de robustecer la capacidad institucional. Formar no garantiza retener, y prometer no es lo mismo que cumplir», concluyó Reynoso, remarcando que el país demanda patrullaje preventivo efectivo y no discursos triunfalistas.