El ambicioso proceso de renovación de la Cédula de Identidad y Electoral camina sobre una cuerda floja financiera. La Junta Central Electoral (JCE) se encuentra en una situación crítica al no disponer de los recursos necesarios para concluir este operativo masivo ni para cubrir otros compromisos ordinarios, un escenario que pone en riesgo el calendario oficial de entrega del documento oficial.

La encrucijada institucional se acentuó tras la aprobación de la Ley 43-26, pieza que modificó la Ley 99-25 del Presupuesto General del Estado sin incluir apropiaciones extraordinarias para el órgano electoral. Pese a que el pleno de la entidad solicitó oportunamente una inyección presupuestaria adicional, la petición fue descartada bajo el argumento de asignaciones previas en la partida inicial. Frente a esta negativa técnica, la directiva de la JCE gestiona directamente con el Poder Ejecutivo una partida de contingencia desde la Presidencia para evitar un estancamiento en las operaciones.

Un cronograma contra el reloj

El presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, ha ratificado que el documento de formato viejo perderá validez legal a partir del 1 de abril de 2027. El operativo, iniciado en abril de este año y ofrecido de forma gratuita a la ciudadanía, requiere de estabilidad presupuestaria para abastecer la demanda de unos 8,730,372 dominicanos hábiles para renovar.

El costo global de implementación oscila entre los RD$6,000 millones y RD$6,500 millones. De esta suma, entre RD$2,000 y RD$2,500 millones están destinados a la producción de los plásticos de policarbonato con chip criptográfico y elementos de alta seguridad, mientras que aproximadamente RD$3,500 millones cubren infraestructura, centros de cedulación, tecnología y personal técnico.

Avances del operativo y ejecución del gasto

A la fecha, más de cuatro millones de dominicanos han recibido su nuevo carné y otros 194,000 documentos permanecen listos en los centros para entrega inmediata. En la diáspora se registran 196,310 entregas, lideradas por Estados Unidos (129,343), España (35,177) y las Antillas Menores (9,606). En el plano local, provincias como Espaillat (99,784), San Juan (85,846) y Azua (80,992) encabezan el volumen de renovaciones.

En términos de ejecución, los registros oficiales muestran que de los RD$12,050.8 millones asignados originalmente a la institución para este ejercicio, al 31 de agosto ya se habían ejecutado RD$9,702.9 millones. Los servicios personales absorbieron más de RD$1,986 millones y los no personales superaron los RD$1,055 millones, dejando un estrecho margen para compromisos administrativos y cuentas por pagar que urgen de solvencia antes del cierre de año.