En una jornada decisiva para el sistema judicial de la República Dominicana, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió al magistrado Justiniano Montero Montero como el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La determinación se produjo tras una intensa sesión de deliberaciones en el Palacio Nacional que se extendió por más de dos horas y media, sellando así el relevo en el liderazgo de la cúspide del Poder Judicial, posición anteriormente ocupada por Luis Henry Molina.

Montero Montero, quien hasta su nombramiento encabezaba la Primera Sala de la Suprema Corte —enfocada en litigios civiles y comerciales—, había sido ratificado en septiembre pasado junto a otros cuatro magistrados para ejercer funciones por un período adicional de siete años. En esa misma condición permanecen Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

Seis nuevos integrantes para el alto tribunal

Además de definir la presidencia, el organismo completó la conformación de la corte con la integración de seis nuevos magistrados de carrera:

• Julio César Emilio Canó Alfau
• Antonia Josefina Grullón Blandino
• Amauri Antonio Pimentel Fabián
• Arelis Socorro Ricourt Gómez
• Diomede Ydelfo Villalona Guerrero
• Ylona María de la Rocha Camilo

Estos nombramientos cubren las vacantes generadas por magistrados que optaron por no buscar una renovación en sus cargos —como la jueza Nancy Salcedo, Ramón Herrera Carbuccia y María Garabito—, así como las plazas de Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta, quienes no fueron ratificados al término del proceso de evaluación del desempeño iniciado en septiembre.

Juramentación y nueva etapa institucional

La juramentación de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia se llevará a cabo en el Palacio Nacional. Con la llegada de Montero Montero al frente de la institución, se abre un nuevo ciclo enfocado en la continuidad de las reformas judiciales, la celeridad en la resolución de expedientes y el fortalecimiento de la independencia institucional en el máximo tribunal de la nación.