El debate sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en el país escaló a un nuevo nivel político. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó formalmente al Congreso Nacional interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, así como al director general de la Policía Nacional, el mayor general Ernesto Rodríguez García, a raíz del continuo incremento de muertes de ciudadanos a manos de uniformados en alegados «intercambios de disparos».

En una rueda de prensa encabezada por el vicepresidente de la organización, Temístocles Montás, acompañado del también vicepresidente Iván Lorenzo, el partido opositor advirtió que la lucha frontal contra la delincuencia no puede rebasar el marco institucional ni convertirse en una política de ejecuciones sumarias. Montás destacó que, conforme a registros de monitoreo público, solo en el pasado mes de septiembre se contabilizaron 55 fallecimientos en intervenciones policiales, una cifra que calificó de sumamente alarmante.

El mandato constitucional y el límite del uso de la fuerza

El liderazgo morado recalcó que, si bien el Estado y sus agentes tienen la potestad y el deber de defenderse ante agresiones letales e inminentes, dicha atribución no equivale a una autorización para el uso indiscriminado de la fuerza mortal contra individuos sometidos o en condición de entregarse.

«El artículo 37 de nuestra Constitución consagra la inviolabilidad de la vida y prohíbe de manera tajante la pena de muerte. Los sospechosos deben ser apresados y procesados judicialmente, nunca ejecutados», enfatizó Montás, añadiendo que la ciudadanía merece vivir en paz frente al crimen, pero también sin temer a las autoridades que portan armas en representación del Estado.

Exigencias directas al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría

Frente a este escenario, la entidad opositora reclamó la intervención directa del presidente Luis Abinader, señalando que, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debe instruir categóricamente a la institución del orden a respetar la vida y cesar la fuerza letal injustificada sobre personas bajo custodia o neutralizadas.

Asimismo, el PLD instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a liderar investigaciones independientes e imparciales sobre cada deceso ocurrido durante operativos oficiales, demandando la publicación periódica y transparente de estas estadísticas. Para la organización, la falta de consecuencias legales y la impunidad sistemática corren el riesgo de normalizar estas prácticas, socavando los esfuerzos de una verdadera reforma y profesionalización policial.