El Poder Ejecutivo dominicano, bajo la firma de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña —en funciones del mandato presidencial—, oficializó la entrega en extradición a los Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos requeridos por distintas cortes norteamericanas. Las medidas quedaron asentadas formalmente a través de los decretos 716-26, 717-26 y 718-26.

Los encartados enfrentan graves acusaciones que abarcan desde conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas y crímenes de sangre hasta maniobras de estafa digital en distintas jurisdicciones del país norteamericano.

Perfiles y expedientes judiciales

El primer caso corresponde a Darío Bautista, cuya entrega fue autorizada mediante el Decreto núm. 716-26. El ciudadano es reclamado formalmente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, a raíz de una acusación radicada el 28 de agosto de 2025, donde se le imputa asociación delictuosa para introducir a territorio estadounidense cinco kilogramos o más de cocaína.

Por otro lado, el Decreto núm. 717-26 concierne a Ramón Joaquín Romero Bastardo, procesado bajo el expediente IND-74900-24 presentado el 29 de octubre de 2024 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx. Romero Bastardo encara un severo pliego acusatorio que contempla cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión grupal en primer grado, agresión en segundo grado y tenencia ilícita de armas en cuarto grado.

El tercer decreto, marcado con el núm. 718-26, avala la entrega de Luis Arismendy Paca Méndez, solicitado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Conforme a la acusación sustitutiva formulada el 12 de febrero de 2026, el imputado deberá responder por cargos vinculados a conspiración para cometer fraude electrónico.

Cumplimiento de garantías bilaterales

Las disposiciones presidenciales establecen de forma expresa que los tres procesos de extradición quedan estrictamente condicionados al cumplimiento de las garantías legales consagradas en el Tratado de Extradición vigente entre la República Dominicana y los Estados Unidos, marco bilateral ratificado en el año 2016 que resguarda el debido proceso y los derechos fundamentales de los reclamados.