Una nueva iniciativa legislativa en el Congreso Nacional ha puesto sobre la mesa un debate de alto calibre: la obligatoriedad del aprendizaje del creole (criollo haitiano) en el sistema escolar de la República Dominicana. La propuesta, sometida formalmente ante la Cámara de Diputados, contempla que los alumnos de planteles públicos y colegios privados reciban formación en este idioma desde los seis años hasta culminar el bachillerato.

El autor de la pieza, el diputado por la provincia de Azua por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio César Beltré, sostiene que dotar a las nuevas generaciones de estas competencias lingüísticas responde a una necesidad geoestratégica indiscutible. De acuerdo con el legislador, al compartir la isla con Haití, el país sostiene nexos históricos, comerciales, migratorios y culturales que demandan canales de comunicación efectivos para garantizar una convivencia armónica, fortalecer la cooperación bilateral y dinamizar el desarrollo en la zona fronteriza.

Un enfoque plurilingüe integral

El proyecto de ley no se limita exclusivamente al criollo haitiano; la normativa también pretende institucionalizar con carácter obligatorio la formación en inglés y francés. En su argumentación, el congresista señala que el inglés representa la lengua estándar para el comercio, la tecnología y el turismo global, mientras que el francés conserva una relevancia clave en los ámbitos diplomáticos y culturales de la región.

Beltré argumenta además que este modelo multilingüe impulsaría el desarrollo cognitivo y el pensamiento analítico de los estudiantes, al tiempo que serviría como base estructural para consolidar a la República Dominicana como un polo logístico y de servicios plurilingüe en el Caribe.

Plazos de implementación y ruta legislativa

De aprobarse el texto, el Ministerio de Educación (Minerd) dispondría de un período de 12 meses a partir de la promulgación de la ley para formular el nuevo diseño curricular, estableciendo contenidos, carga lectiva y criterios de evaluación acordes con estándares internacionales de competencia en idiomas. Asimismo, la pieza sugiere un margen de transición de hasta cinco años para completar la implementación gradual en todo el territorio nacional.

Por el momento, la propuesta aguarda ser remitida a una comisión permanente de la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio técnico. Para convertirse en ley de la República, la iniciativa deberá ser aprobada en dos lecturas en la cámara baja, pasar por el mismo procedimiento en el Senado y, finalmente, recibir la promulgación del Poder Ejecutivo.