Radiografía del descontrol: Auditorías detectan graves anomalías en millonarios contratos de seguridad estatal con SENASE

Una exhaustiva labor pericial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha dejado al descubierto un patrón sistemático de debilidades administrativas, pagos sin acreditación y violaciones a los topes legales de contratación pública en tres entidades estatales: el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur). Las tres investigaciones, ejecutadas a requerimiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), examinan las relaciones contractuales con la firma Servicios Nacionales de Seguridad Integral (SENASE).
En conjunto, los informes técnicos registran compromisos contractuales por un monto global de RD$ 1,167 millones 483 mil y desembolsos efectivos que ascienden a RD$ 974 millones 127 mil. Aunque los dictámenes del órgano de control externo no califican expresamente la existencia de sobornos —materia estrictamente penal reservada a la acusación del Ministerio Público en el marco del caso judicial denominado Operación Lobo—, sí confirman hallazgos que comprometen severamente el patrimonio público con indicios de responsabilidad administrativa, civil e indicios de tipo penal.
INAIPI: Desembolsos millonarios a ciegas
El examen al INAIPI evaluó siete procesos de contratación que derivaron en ocho acuerdos por RD$ 195 millones 473 mil (adendas incluidas), con desembolsos reales por RD$ 174 millones 253 mil. El dato más contundente es que RD$ 111 millones 901 mil —prácticamente dos de cada tres pesos erogados (un 64 %)— se liquidaron sin reportes de asistencia, bitácoras operativas ni registros de control de entrada y salida del personal de vigilancia.
Los auditores subrayaron que, sin estos instrumentos, el Estado no contó con mecanismos para certificar si el servicio realmente se brindó antes de liberar los fondos, un aspecto calificado con indicios de responsabilidad penal. A esto se suman inconsistencias en fechas de facturas por RD$ 55.7 millones, RD$ 25.3 millones facturados a dependencias geográficas distintas y adendas que dispararon el monto original en un 93 %, superando con creces el límite del 50 % que estipula la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Edeeste y Edesur: Adendas vencidas y expedientes ausentes
En las empresas distribuidoras de electricidad, las inconsistencias adquieren proporciones de alto impacto económico:
- Edeeste: La CCRD detectó la ausencia de evidencia de registro formal para dos contratos y cuatro adendas que totalizan RD$ 867 millones 282 mil. Las cuatro adendas del convenio de 2019 se suscribieron cuando el contrato original ya había caducado, generando un excedente de RD$ 89 millones 328 mil por encima del tope legal permitido. Asimismo, 58 expedientes de pago por RD$ 481 millones 612 mil carecían de documentación esencial como constancias tributarias, certificaciones de fondos y recepciones conformes del servicio.
- Edesur: Se verificó la ejecución de 14 pagos directos por RD$ 60 millones 855 mil con el contrato vencido, recurriendo a justificaciones de «continuidad del servicio» que fueron desestimadas por el órgano fiscalizador tras haber sido advertidas previamente por la propia Gerencia de Compras interna. Además, 37 operaciones por RD$ 53 millones 882 mil no cuentan con expedientes que permitan trazar su validez fiscal, y otros pagos por RD$ 172.4 millones presentan faltantes críticos de autorizaciones y órdenes de compra.
El puente con la Operación Lobo
Estos hallazgos documentales ofrecen un sustrato fáctico directo para las imputaciones formalizadas por el Ministerio Público en la Operación Lobo. En este expediente judicial, que cursa en fase de instrucción ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se acusa formalmente a 14 personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos de aproximadamente RD$ 108 millones 80 mil canalizados a cambio de la adjudicación y mantenimiento de contratos de seguridad.
Entre los acusados figuran el propietario de SENASE, Quilvio Bienvenido Rodríguez González, junto a exdirectores y mandos del área de seguridad corporativa de las instituciones, entre ellos oficiales de alto rango militar y policial como el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz (exdirector de Seguridad de Edesur), los coroneles Francisco Guarín Fernández Vásquez (INAIPI), Luis Ernesto Vicioso Bocio (Edeeste) y Elías Caamaño Pérez (ex SeNaSa).
Aunque en la etapa preliminar varios imputados admitieron los hechos atribuidos por la PEPCA según consta en el expediente, todos los procesados mantienen el estatus constitucional de presunción de inocencia hasta tanto intervenga una sentencia judicial definitiva con autoridad de cosa juzgada. En tanto, las conclusiones de la Cámara de Cuentas ya han sido remitidas a los órganos correspondientes para la apertura de los planes correctivos de rigor y la consecución de las acciones legales pertinentes.