El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, notificó formalmente a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana su imposibilidad material para presentar descargos frente al Informe Preliminar de Investigación Especial practicado a su gestión correspondiente al período 2020-2025.

A través de una comunicación remitida por su representante legal, el doctor Miguel Valerio Jiminián, la defensa argumentó que el estado de reclusión de Hazim en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras constituye un obstáculo insalvable para acceder a los archivos físicos, registros contables y plataformas informáticas indispensables para contrastar y refutar los señalamientos de la auditoría.

Vulneración al debido proceso y desigualdad de condiciones

El jurista precisó que el vencimiento del plazo normativo de 30 días hábiles para emitir réplicas no debe asumirse como negligencia, sino como una limitación física y logística derivada de la privación de libertad de su cliente. En ese marco, la defensa invocó las garantías del artículo 69 de la Constitución, relativo al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Valerio puntualizó que se genera una evidente desigualdad procesal, dado que el organismo fiscalizador contó con la colaboración y el intercambio de documentación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), mientras que el encartado carece de un acceso equitativo a tales expedientes de soporte. Asimismo, la defensa dejó constancia expresa de que la ausencia de respuesta en esta fase administrativa no implica aceptación de hechos, admisión de culpas ni renuncia a los medios de defensa en la sede judicial.

Alcance del informe preliminar

Hazim se encuentra bajo medida cautelar desde el 11 de diciembre de 2025, cuando un tribunal le impuso 18 meses de prisión preventiva, decisión que fue ratificada el 4 de febrero de 2026.

La investigación especial ejecutada por la Cámara de Cuentas comprendió las transacciones institucionales realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2025. La fiscalización evaluó áreas críticas como compras y contrataciones, desembolsos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), gerencia de servicios y sistemas de información tecnológica. El informe preliminar de la entidad de control señala múltiples inconsistencias operativas y financieras que, a juicio de los auditores, sustentan indicios de eventual responsabilidad penal y administrativa.