El Senado de la República dio un paso decisivo hacia la modernización del campo dominicano al aprobar, en segunda lectura, el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Semillas (INASE). La pieza legislativa persigue establecer un marco regulatorio estricto para promover, certificar y fiscalizar la calidad genética y comercial de las simientes que se siembran y distribuyen a nivel nacional, tanto locales como importadas.

La propuesta fue impulsada de manera conjunta por los senadores Félix Bautista (Fuerza del Pueblo por San Juan) y Héctor Acosta (Partido Revolucionario Moderno por Monseñor Nouel). Ambos legisladores coincidieron en la urgencia de reestructurar la plataforma del sector público agropecuario bajo una visión integral, permitiendo que la producción local compita con mayores estándares de rendimiento en los mercados internacionales.

Reordenamiento y facultades de inspección

De ser ratificada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Luis Abinader, la nueva entidad quedará adscrita al Ministerio de Agricultura. Para evitar duplicidad de funciones y optimizar los recursos del Presupuesto General del Estado, el INASE absorberá el personal y los bienes del actual Departamento de Semillas, así como de la Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor.

Entre sus atribuciones operativas, la institución llevará un registro oficial obligatorio de todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción, acondicionamiento y comercialización de granos. Asimismo, los técnicos del organismo estarán legalmente facultados para inspeccionar campos agrícolas, verificar depósitos comerciales públicos y privados, y retener muestras para análisis de laboratorio.

Multas millonarias y protección al productor

El texto legislativo contempla un régimen sancionador riguroso para combatir el fraude en el sector. Aquellas empresas o distribuidores que alteren o falseen los estándares de calidad de sus productos enfrentarán penalizaciones económicas de hasta 100 salarios mínimos del sector público—cifra que ronda el millón de pesos—, además de la suspensión temporal o retiro definitivo de su licencia de operación. Por otro lado, la normativa ampara al agricultor: en caso de haber adquirido material defectuoso o engañoso, el comerciante estará obligado a reembolsar el valor íntegro, sin menoscabo de eventuales demandas civiles o penales.

Fondo de reserva para crisis agrícolas

Con miras a garantizar su operatividad e impulsar la investigación, la pieza contempla la instauración del Fondo de Incentivo y Contingencia Semillera (Fonicose), el cual se nutrirá anualmente con el 10% del presupuesto asignado al INASE. Estos recursos tendrán como finalidad financiar programas de multiplicación de semillas certificadas, subsidiar mecanismos de apoyo y habilitar respuestas inmediatas frente a contingencias sanitarias o climáticas que comprometan la soberanía alimentaria del país.