El Senado de la República aprobó en segunda lectura una iniciativa legislativa orientada a regular formalmente el ejercicio de la investigación privada en el país. El proyecto, propuesto por el senador Santiago Zorrilla, busca incorporar la figura jurídica del detective privado en el marco normativo dominicano, quedando ahora en manos de la Cámara de Diputados para su correspondiente ponderación antes de pasar al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

De acuerdo con el texto aprobado, se considerará detective privado a aquel profesional avalado y certificado por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) para indagar, a solicitud de terceros, hechos, eventos y situaciones particulares, así como el contexto o las personas vinculadas a dichos sucesos. Un aspecto neurálgico de la pieza es que los informes generados durante estas pesquisas contarán con valor probatorio en los tribunales dominicanos, con la condición sine qua non de haber sido recabados dentro de la más estricta legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Colaboración y alcance de sus funciones

El proyecto estipula que los investigadores privados podrán trabajar como canal de apoyo para los cuerpos de seguridad del Estado, tales como la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), suministrando datos sobre hechos delictivos obtenidos durante su labor. Asimismo, tendrán la facultad de comparecer y aportar elementos probatorios o declaraciones periciales si son requeridos formalmente por el Ministerio Público o los tribunales del orden judicial.

En cuanto al manejo de la información, la confidencialidad será mandatoria. Los detectives deberán garantizar el resguardo de datos sensibles e intimidad ciudadana, y solo podrán divulgar hallazgos ante la solicitud de una autoridad judicial competente.

Límites estrictos y prohibiciones

La normativa es contundente respecto a las fronteras del oficio, prohibiendo de manera categórica que los detectives privados asuman facultades de los cuerpos del orden público. Entre las restricciones explícitas figuran:

• Citar, retener o detener a personas.
• Incautar o retener evidencias materiales.
• Exigir pruebas o documentación a entidades de carácter privado.
• Investigar crímenes y delitos tipificados que correspondan a la acción penal pública.
• Indagar o recopilar información sobre el estado de salud físico o mental de cualquier individuo.

Perfil y requisitos para ejercer

Para obtener la habilitación del Ministerio de Interior y Policía, los aspirantes deberán ser mayores de edad, contar con título de bachiller, certificar aptitud mental, no tener historial delictivo ni haber sido desvinculados por faltas graves en instituciones públicas, además de superar pruebas de consumo de sustancias controladas. Asimismo, queda terminantemente prohibido el pluriempleo en esta área para miembros activos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o del Ministerio Público.