El Senado de la República aprobó en segunda lectura un proyecto de ley orientado a blindar la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles. La iniciativa, que ahora pasa a manos de la Cámara de Diputados para su posterior deliberación, establece como un deber ineludible de los ciudadanos colaborar y permitir la inoculación correspondiente de acuerdo con los esquemas de salud pública.

Corresponsabilidad y deber parental

La pieza legislativa, impulsada por los legisladores Daniel Rivera, Johnson Encarnación, Lía Díaz y Ginette Bournigal, define que los residentes en territorio dominicano son corresponsables con el Estado de mantener actualizado su esquema de inmunización. Bajo este criterio, cada persona debe facilitar la aplicación de los biológicos y velar por el correcto registro de su historial sanitario.

Asimismo, el proyecto carga una responsabilidad directa sobre los tutores legales y directores de centros públicos o privados que alberguen a menores de edad o personas imposibilitadas de decidir por sí mismas. En estos casos, recae en ellos la obligación de gestionar oportunamente la inmunización y conservar la tarjeta de vacunación al día.

Disposiciones para el sector salud

El documento también norma el ejercicio del personal médico y de enfermería de centros públicos y privados. Estos profesionales tendrán el mandato administrativo de integrarse a las jornadas preventivas convocadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) cuando la situación sanitaria lo demande.

De igual modo, se consagra el derecho del paciente a recibir explicaciones claras sobre los componentes del biológico administrado. Las vacunas contempladas dentro del programa nacional continuarán siendo gratuitas en la red pública, debiendo el ciudadano cubrir únicamente los costos de administración si opta por un prestador privado.

Régimen sancionatorio y penas de cárcel

Para blindar la integridad del sistema nacional de vacunación, el artículo 50 de la pieza introduce castigos severos contra el fraude y la corrupción sanitaria. Las infracciones tipificadas incluyen:

• Prisión correccional: Penas de tres meses a dos años.
• Multas económicas: Sanciones de hasta 25 salarios mínimos del sector público.
• Conductas penalizadas: Desvío de vacunas o insumos del Estado, comercialización irregular de estos recursos sanitarios y la emisión o falsificación de registros de vacunación.