El compromiso con la transparencia en el Congreso Nacional continúa mostrando marcados contrastes. Al cierre del segundo año de gestión legislativa, únicamente tres congresistas han cumplido públicamente con el mandato de rendir cuentas sobre su labor parlamentaria y social ante la ciudadanía, dejando en evidencia una amplia deuda de la mayoría de los representantes ante sus electores.

Los legisladores que han presentado sus respectivos balances corresponden a las máximas autoridades de ambas cámaras: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sumándose a ellos el diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo.

Balances desde el hemiciclo y en las comunidades

En el caso de los presidentes de los órganos legislativos, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco expusieron de manera conjunta los resultados y proyectos aprobados por ambas cámaras legislativas. El acto solemne tuvo lugar el pasado 29 de julio en la sede de la Asamblea Nacional, contando con la presencia de senadores, diputados e invitados especiales del ámbito político e institucional.

Por su parte, en una dinámica orientada a la base social, el diputado Ramón Raposo optó por trasladar su informe fuera del recinto congresual. El legislador presentó su balance de labor legislativa y comunitaria en las instalaciones de la Biblioteca Comunitaria de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, ante un auditorio integrado por cerca de 500 dirigentes vecinales y representantes de organizaciones sociales.

Un mandato expreso de la Carta Magna

La obligación de transparentar las ejecutorias legislativas no constituye un acto discrecional, sino un requerimiento directo contemplado en el marco constitucional dominicano:

• Artículo 91: Establece que los presidentes de ambas cámaras deben convocar a sus plenos anualmente para detallar las actividades y labores parlamentarias efectuadas.
• Artículo 92: Dispone de forma categórica que tanto diputados como senadores están en el deber de presentar cada año un informe formal de gestión ante los electores que representan en sus respectivas demarcaciones.

La marcada ausencia de actos de rendición de cuentas por parte del grueso de los congresistas reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los representantes públicos en el país.