Un mayúsculo revuelo político e institucional se desató este fin de semana luego de que agentes de la Policía Nacional esposaran a la diputada oficialista Millys Martínez, representante de la provincia de Elías Piña por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un confuso incidente ocurrido en el marco de las fiestas patronales de esa demarcación fronteriza.

El hecho, registrado en videos que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, muestra a la legisladora visiblemente alterada mientras compartía un par de esposas con otra persona y forcejeaba con los uniformados. "Me están apretando, suéltenme...", reclamaba Martínez mientras varios agentes intentaban movilizarla. De acuerdo con el reporte preliminar de la uniformada, la intervención se produjo en una estación de combustibles donde se desarrollaba una fiesta clandestina con música a alto volumen y venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes.

Férrea condena desde el Congreso Nacional

La respuesta de la Cámara de Diputados no se hizo esperar. El titular del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, condenó de forma tajante el proceder policial y calificó lo sucedido como una agresión directa y un atropello a la investidura de la congresista. Pacheco señaló de manera particular al comandante del Departamento Operativo de Elías Piña, el coronel Ernesto de León Olivero, como responsable del intento de detención.

"Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades", enfatizó el líder congresional a través de sus canales digitales.

La garantía del fuero parlamentario

El incidente vuelve a colocar en primer plano el debate sobre los límites de las actuaciones policiales frente a los funcionarios electos. La Carta Magna dominicana, en su artículo 86, consagra la inmunidad y protección de la función legislativa, estableciendo de manera expresa que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante el transcurso de la legislatura ordinaria sin la debida autorización de su cámara, salvo en los casos excepcionales de flagrante delito.

Dado que la presente legislatura —iniciada el pasado 16 de agosto— se extiende hasta el próximo 12 de enero, cualquier requerimiento judicial o retención exige protocolos estrictos avalados por el Congreso Nacional.

Inspectoría General asume las pesquisas

Ante el impacto de la situación, el director general de la institución del orden, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso de inmediato una exhaustiva investigación para esclarecer la cadena de mando y las circunstancias del operativo. Para ello, instruyó el traslado a la zona sur del inspector general de la Policía, general Martín Tapia Sánchez, quien encabezará las indagatorias oficiales.

Desde la sede policial se puntualizó que la diputada Martínez no quedó formalmente bajo arresto, aunque el accionar de los agentes permanece bajo estricto escrutinio debido a la vulneración del orden constitucional que rige la protección a los legisladores.