El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó este lunes separar el expediente del exsenador de Azua, Rafael Calderón, del proceso principal que se sigue contra la supuesta red de corrupción administrativa desarticulada mediante la denominada Operación Calamar.

La decisión fue adoptada por las magistradas Arlin Ventura, quien preside el tribunal, Leticia Martínez Novoa y Evelin Rodríguez, amparadas en las disposiciones del artículo 65 del Código Procesal Penal, el cual norma la fusión y separación de juicios cuando median causas de fuerza mayor o dilaciones no atribuibles a la mala fe procesal.

Motivos médicos y postura del tribunal

El abogado defensor del exlegislador, Wilson Beriguete, sustentó la solicitud en documentación clínica certificada tras un accidente sufrido por Calderón que requirió una intervención quirúrgica de cadera, ameritando al menos 30 días de reposo absoluto. Ante esta situación, el órgano juzgador entendió pertinente tramitar su causa en un juicio separado para evitar interrupciones en el calendario de los demás imputados.

Por su parte, los representantes del Ministerio Público recalcaron su disposición para dar apertura formal al juicio de fondo sin mayores dilaciones, mostrando conformidad con la división del caso respecto a quienes presentan imposibilidades físicas debidamente acreditadas.

Plazo final para Daniel Omar Caamaño y calendario judicial

En la misma sesión, el tribunal evaluó la situación del excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, quien igualmente reportó complicaciones de salud. No obstante, las juezas advirtieron que este procesado tendrá una "última oportunidad" y que la decisión sobre una eventual separación de su expediente se dictará una vez expire su licencia médica en curso.

El conocimiento del proceso contra el resto de los acusados fue fijado para continuar el próximo 21 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Alcance del expediente Calamar

El expediente acusatorio involucra a figuras como Ángel Lockward, Luis Miguel Pichirilo, Daniel de Jesús Camaño, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito y Náthaly Hernández Guzmán.

A los encartados se les atribuyen cargos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, falsificación documental, soborno, financiamiento irregular de campañas políticas y lavado de activos. Según la acusación del Ministerio Público, la estructura habría sustraído más de 19,000 millones de pesos del erario público mediante maniobras fraudulentas con pagos de expropiaciones de terrenos y cobros ilícitos a bancas de lotería y azar.