El Estado dominicano logró un fallo completamente a su favor en el litigio internacional presentado por el inversionista francés Yves Martine Garnier, una resolución que libra al erario público de un desembolso superior a los US$100 millones (más de RD$5,882 millones calculados a la tasa actual).

La disputa se dirimió bajo el amparo del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre los gobiernos de Francia y República Dominicana en 1999. El laudo, emitido el 19 de agosto y tramitado por la Corte Permanente de Arbitraje (caso núm. 2022-01), determinó desestimar todas y cada una de las pretensiones económicas del demandante.

Origen del conflicto en Santo Domingo Este

El proceso legal comenzó formalmente en octubre de 2021, teniendo como detonante la rescisión del contrato de concesión para la gestión y recogida de residuos sólidos suscrito entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) y la compañía EGTT Dominicana, S.A., propiedad de Garnier.

Tras el análisis de las evidencias, el Tribunal Arbitral determinó que la anulación del contrato estuvo plenamente apegada al marco jurídico dominicano, fundamentada en los reiterados incumplimientos y deficiencias en el servicio por parte de la prestadora. Asimismo, concluyó que las acciones del Estado no constituyeron una transgresión de los compromisos de protección internacional de inversiones.

Firmeza ante reclamaciones sin fundamento

Al valorar el resultado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, enfatizó el compromiso del país con el estado de derecho:

«La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos. La República Dominicana cumple sus obligaciones frente a los inversionistas extranjeros y, precisamente por ello, sostiene con firmeza sus posiciones cuando una reclamación carece de fundamento».

Equipo de defensa y preservación de la seguridad jurídica

La representación jurídica dominicana fue estructurada de forma interinstitucional:

• La coordinación inicial estuvo a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto al cabildo de Santo Domingo Este.
• Posteriormente se integró el Ministerio de Justicia, entidad facultada bajo la Ley núm. 80-25 para liderar la representación estatal en arbitrajes de inversión.
• La defensa técnica internacional fue confiada al equipo legal de la firma Foley Hoag LLP, desde su sede en Washington, D.C.

Este laudo reafirma la estrategia estatal de defender activamente los recursos públicos, garantizando al mismo tiempo un clima de seguridad jurídica y reglas claras para la inversión extranjera legítima en el país.