El Poder Judicial de la República Dominicana salió al frente de las versiones digitales que alertaban sobre una supuesta intrusión a sus servidores, descartando de manera categórica que actores maliciosos hayan vulnerado la privacidad de su base de datos o sustraído millones de expedientes bajo reserva legal.

La alerta cobró notoriedad luego de que circularan reportes atribuidos a un presunto ciberdelincuente identificado como jarol1488, quien afirmaba haber extraído un paquete de 4.5 terabytes (TB) con más de 4.5 millones de expedientes judiciales, supuestamente cargados con elementos de prueba, identidades, sentencias y números telefónicos. Frente a estas afirmaciones, el órgano judicial precisó que las auditorías técnicas internas no reflejan accesos no autorizados a información clasificada.

Datos de carácter público y estabilidad operativa

De acuerdo con la entidad, los archivos expuestos o citados por el atacante corresponden en realidad a datos abiertos que ya se encuentran a disposición de la ciudadanía a través de las herramientas institucionales de consulta. Asimismo, recalcaron que la infraestructura tecnológica cuenta con esquemas de defensa escalonados para la mitigación de amenazas digitales en tiempo real.

"La infraestructura institucional dispone de múltiples capas de protección y controles para prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad", puntualizó el organismo, ratificando que todos los portales y servicios en línea continúan operando con total normalidad.

Alerta extendida a los registros de denuncias policiales

El nombre del mismo atacante informático también resonó en torno a otra supuesta filtración que apuntaba a la Policía Nacional. En plataformas de ciberdelincuencia se le atribuyó la vulneración del sistema de gestión de denuncias de la uniformada, con un presunto botín de más de 3.2 millones de líneas de registros y cerca de dos millones de líneas adicionales con fotografías codificadas, correspondientes a casos registrados entre 2016 y la actualidad.

Pese a la inquietud generada en la opinión pública por la recurrencia de estos anuncios, los estamentos de ciberseguridad del Estado mantienen el monitoreo continuo para salvaguardar la confidencialidad de la información ciudadana y frenar cualquier intento de desestabilización digital.