El rumbo económico de Argentina bajo la administración de Javier Milei continúa transitando por una marcada dualidad. Mientras el mandatario ratifica ante foros internacionales que no percibe amenazas para la expansión económica del país —respaldado por un repunte del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.2% interanual en el primer semestre y una notable desaceleración de la inflación, que pasó de superar el 211% a ubicarse en torno al 33.5%—, en las calles y los comercios locales la realidad golpea con otra fuerza. El costo del ajuste fiscal y la política de shock han dejado profundas huellas en el consumo masivo, con un tercio de la población en situación de pobreza y una tasa de desempleo que roza el 8%.

La caída de las pymes y la contracción del consumo

El impacto más visible de este proceso de transformación se evidencia en el tejido empresarial de menor escala. De acuerdo con registros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basados en datos del sistema de seguridad social, 31,342 empresas han cerrado sus puertas desde el cambio de mando en diciembre de 2023, lo que representa cerca del 6% del total nacional. Comerciantes como Alejandro Marchizotti, propietario de la clausurada hamburguesería Hupa San Andrés, resumen el dilema cotidiano: ante el desplome de las ventas, el alza en los alquileres y el encarecimiento de servicios esenciales como luz y gas tras la retirada de subsidios, mantener la nómina se tornó inviable.

Para analistas como Hernán Letcher, director del CEPA, la raíz del problema yace en el colapso de las ramas productivas que históricamente generan mayor volumen de empleo formal. La contracción del poder adquisitivo y el ingreso masivo de importaciones a menor precio han acorralado a la manufactura local. La propia Unión Industrial Argentina (UIA) ha advertido sobre un escenario crítico donde la elevada presión impositiva interna y el financiamiento oneroso dejan a las fábricas domésticas en clara desventaja frente a los bienes extranjeros.

Un país con dos economías paralelas

El fenómeno ha dado pie a lo que expertos definen como una economía a dos velocidades. En un extremo se encuentran la minería, la energía y el sector agroindustrial, sectores fuertemente orientados a la exportación que hoy ingresan flujos récord de divisas bajo esquemas de incentivo a las grandes inversiones. En el otro extremo yacen el comercio minorista y la industria manufacturera tradicional, dependientes casi por completo del castigado mercado interno.

Economistas como Guido Zack, investigador de la Universidad Nacional de San Martín y director del área económica de Fundar, señalan que una apertura comercial sin nivelar las condiciones impositivas y cambiarias para la producción nacional resulta letal: «Abrir la economía con la cancha inclinada a favor de lo importado es una sentencia para muchas empresas locales», argumenta. Al mismo tiempo, la precarización del mercado laboral se acelera: aunque el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defiende la creación de cientos de miles de puestos, el propio presidente Milei ha admitido que el dinamismo se concentra en el sector informal y el cuentapropismo, mientras el empleo formal registrado retrocede.

El argumento de la reconversión de mercado

Desde la óptica liberal que respalda la gestión gubernamental, las bajas empresariales responden a una inevitable depuración de distorsiones previas. Miguel Boggiano, director de CDI Capital, sostiene que las estadísticas sobre cierres masivos pueden ser engañosas al tratarse mayoritariamente de microemprendimientos de una o dos personas sostenidos artificialmente por subsidios o emisión monetaria en administraciones anteriores. Según su análisis, el modelo busca desmontar políticas inflacionarias para dar paso a industrias genuinamente competitivas a escala global, proceso en el que la recuperación del salario real dependerá estrictamente de conservar la disciplina monetaria.

Con la postura firme de Milei frente a los sectores no rentables —a quienes ha advertido que «si no se adaptan, quiebran»—, el debate socioeconómico se intensifica ante la inminente entrada en vigor de nuevos ajustes fiscales, proyectando un escenario de alta tensión que sin duda definirá el pulso político de cara a los próximos desafíos electorales del país.