La Contraloría General de la República (CGR) determinó mantener en pie un importante hallazgo administrativo en contra del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), por una diferencia no justificada de RD$ 191,156,800 en la inversión estatal registrada en La Tabacalera. Pese a que el organismo de fiscalización evaluó las réplicas y descargos institucionales —dando por subsanadas varias inconsistencias operativas—, concluyó que la carencia de certificados accionarios físicos suficientes impide cerrar la observación.

El período auditado comprende los años 2021 a 2023, bajo la presidencia del Consejo Directivo encabezada por José E. Florentino Rodríguez, quien asumió funciones en octubre de 2020. La auditoría no atribuye responsabilidades penales individuales, limitándose al marco del control y cumplimiento administrativo de la entidad.

El desfase en La Tabacalera

El punto más crítico se concentra en la disparidad contable detectada en las participaciones de La Tabacalera. Mientras los registros contables del FONPER reflejaban RD$ 886,506,500 en inversiones, los títulos físicos de acciones en poder de la institución solo respaldaban RD$ 695,349,700.

En su descargo, el FONPER explicó que RD$ 151,156,800 correspondían a la suscripción y pago de 1,511,568 acciones avaladas por una asamblea de noviembre de 2023, mientras que los restantes RD$ 40 millones se desembolsaron a fines de ese año con miras a futuros incrementos de capital aún pendientes de formalización asamblearia. La CGR consideró insuficiente la justificación documental y remitió la verificación definitiva al plan de acción institucional.

Justificaciones presupuestarias acogidas

Por otro lado, la CGR validó los argumentos presentados respecto a la subejecución de RD$ 3,547,089,932 entre 2021 y 2023. La entidad fiscalizada demostró que las partidas no ejecutadas correspondían primordialmente a transferencias de capital cuya ejecución no dependía de la planificación interna, sino de las solicitudes directas y prioridades instruidas por el Poder Ejecutivo.

El comportamiento presupuestario reflejó una ejecución de apenas 16.62 % en 2021, disparándose a un 154.63 % en 2022 por transferencias extraordinarias hacia el Gobierno Central y compra de acciones, para luego situarse en 69 % en 2023. Ante esta evidencia, el organismo fiscalizador aceptó modificar las conclusiones de ese acápite.

Avances en controles internos y proyectos sociales

El informe también reconoció avances sustanciales en el cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). La entidad pasó de un cumplimiento inicial de 46.46 % a registrar un 86.16 % en documentación para mediados de 2025, integrando además comités de riesgos y manuales actualizados.

Respecto a los anticipos para obras retenidos por RD$ 7.7 millones, la auditoría precisó que los pagos adelantados reales ascendían a RD$ 2.46 millones, reconociendo las acciones legales emprendidas contra contratistas como Nezarca Constructora y Constructora Sosanma para recuperar dichos fondos.

En cuanto a proyectos de corte social, como las panaderías comunitarias paralizadas por demoras en trámites bancarios, se constató el inicio de operaciones en El Pino (Dajabón), La Leonor (Santiago Rodríguez) y Villa Carmen (Las Matas de Farfán), mientras que persisten procesos de regularización para las ubicadas en Sabana Larga y Carrera de Yegua. El FONPER dispone de un plazo de 15 días laborables para remitir el cronograma y plan de acción sobre los aspectos que aún quedan pendientes.