A partir de este 29 de octubre, el parque vehicular de la República Dominicana experimentará un reajuste formal en el costo del Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido popularmente como marbete. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió la resolución DDG-AR1-2026-00009, la cual establece que los propietarios de vehículos de motor deberán tributar montos comprendidos entre los RD$2,000 y RD$4,000, dependiendo del año y las especificaciones de cada unidad.

Las razones del ajuste tributario

De acuerdo con la administración tributaria, la principal motivación detrás de esta medida radica en que estos valores fijos no sufrían variaciones desde el año 2016. La institución argumentó que era indispensable evaluar una readecuación razonable, transparente y verificable que respondiera a la evolución acumulada del índice de precios y a la realidad económica del país, siempre operando bajo los márgenes establecidos por la legislación tributaria vigente.

Este esquema responde a lo que la entidad califica como un "mecanismo simplificado de liquidación", concebido para facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes sin perder de vista la sostenibilidad fiscal y la proporcionalidad en los cobros.

Plazos y escala de sanciones por mora

El período hábil para renovar el marbete culminará formalmente el 31 de enero de 2027. Los conductores que no efectúen el pago correspondiente dentro de los plazos reglamentarios quedarán sujetos a una escala de penalidades progresivas según su estatus de morosidad:

• RD$2,000.00: recargo general para aquellos vehículos que no realicen la renovación antes del vencimiento del plazo regular.
• RD$2,100.00: sanción adicional dirigida a los propietarios que adeuden el pago correspondiente al ciclo 2025-2026.
• RD$3,100.00: penalidad fijada para los vehículos omisos en la renovación del período 2024-2025 o ejercicios fiscales anteriores.

La institución exhorta a la ciudadanía y al sector transporte a realizar el trámite con suficiente antelación a través de las plataformas digitales y los puntos bancarios autorizados, previniendo recargos innecesarios e inconvenientes con los operativos de fiscalización vial.