El Poder Ejecutivo dio un paso estratégico para dinamizar el aparato productivo local al disponer que las licitaciones públicas destinadas a la ejecución de programas especiales del Gobierno sean dirigidas exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes Industriales). La medida, formalizada mediante el decreto 672-26 firmado por el presidente Luis Abinader, procura transformar las compras estatales en una palanca directa de desarrollo económico y generación de empleos formales.

La normativa abarca todas aquellas contrataciones orientadas a planes de alivio de la pobreza, seguridad y alimentación comunitaria, confección de vestimenta y útiles escolares, así como artículos esenciales de higiene y salud social. Estas compras públicas estarán concentradas en la atención a sectores en condición de vulnerabilidad, tales como la niñez, personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad, con especial énfasis en las demarcaciones rurales deprimidas y la zona fronteriza.

Criterios estrictos para los suplidores locales

Para acceder a estos procesos reservados, las empresas deberán certificar su arraigo manufacturero nacional. El decreto define a la Mipyme industrial como aquella unidad productiva que cuente con la certificación de Mipyme o Mipyme Mujer otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), complementada con el debido Registro Industrial expedido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (ProIndustria).

Asimismo, las instituciones convocantes tendrán la obligación técnica de establecer pliegos de condiciones con especificaciones que aseguren el origen de la producción nacional, implementando mecanismos de segmentación y cuotas de reserva en cada ejercicio presupuestario.

Entidades estatales bajo la nueva directriz

El mandato abarca a un amplio bloque de dependencias con alto volumen de adquisiciones sociales e institucionales, entre las cuales destacan:

• Sector social y educativo: La Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Ministerio de Educación (Minerd).
• Salud y asistencia directa: El Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).
• Seguridad y protección: La Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
• Vivienda y desarrollo comunitario: El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y URBE, además de organismos como Conani, Conape y el Inavi.

Con este esquema, la administración pública busca garantizar que los cuantiosos fondos destinados a la asistencia y protección social retornen al tejido productivo local, fortaleciendo a los pequeños fabricantes y consolidando la soberanía industrial dominicana.