En una ofensiva coordinada contra el mercado irregular, las autoridades dominicanas asestaron un contundente golpe a las redes de comercio ilícito en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Tras una serie de allanamientos simultáneos, se decomisaron más de 78,000 artículos que operaban al margen de la ley, con un valor estimado que supera los RD$ 37 millones en el mercado local.

La intervención interinstitucional fue ejecutada conjuntamente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), con el debido acompañamiento del Ministerio Público.

Negocios intervenidos y mercancía ocupada

Las pesquisas permitieron penetrar en cuatro reconocidos puntos comerciales de la demarcación, identificados como:

• Plaza Victoria, localizada en el distrito municipal de Juma Bejucal.
• Tienda Verano, situada en la zona céntrica de Bonao.
• Supermercado Las Hortensias, también en el casco urbano del municipio.
• Comercial Mei, ubicado sobre la concurrida avenida Las Hortensias.

Durante las inspecciones técnicas, los inspectores confiscaron importantes lotes de bebidas alcohólicas importadas, estimulantes sexuales, productos de cuidado e higiene personal y comestibles. Gran parte de estos inventarios carecía de registro sanitario nacional, presentaba fechas de expiración vencidas o incumplía de forma flagrante con los requerimientos obligatorios de etiquetado y trazabilidad.

Violaciones a la legislación sanitaria y fiscal

El MICM precisó que estas operaciones violan abiertamente la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Las entidades oficiales advirtieron sobre el peligro latente que estos insumos representan para el bienestar físico de la ciudadanía, sumado a la severa distorsión de precios y la evasión impositiva que perjudica a los comerciantes legítimos.

El despliegue contó con la supervisión directa de los fiscales Ramón Guerrero Pérez, Juan Ramón Beato Vallejo, Diana Fabián y Jonathan Castillo. Todo el material incautado fue puesto bajo estricta cadena de custodia y transferido a las instalaciones centrales del CECCOM, mientras las autoridades avanzan con los expedientes judiciales para someter a los propietarios y responsables ante los tribunales correspondientes.