En un contexto marcado por la fuerte volatilidad de los mercados petroleros internacionales, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, detalló la estrategia mediante la cual la administración central busca contener el encarecimiento de los carburantes sin que esto dinamite la paz social ni el equilibrio de las cuentas públicas.

Durante una comparecencia en el espacio Telematutino 11, el funcionario puntualizó que el Estado ha recurrido a una fórmula mixta que combina la asimilación parcial de las alzas a nivel local con una ampliación controlada del déficit fiscal. Díaz especificó que, mientras algunos derivados como el gasoil registraron subidas superiores al 100 %, los cuatro combustibles principales se mantuvieron en un incremento promedio anual cercano al 20 %, una proporción que catalogó como un traspaso equilibrado hacia el consumidor.

Proyecciones y partidas para 2027

El titular de las finanzas nacionales estimó que el subsidio general destinado a congelar o amortiguar los precios cerrará el año corriente en unos 50,000 millones de pesos. Para el año 2027, el proyecto presupuestario contempla reservar entre 30,000 y 35,000 millones de pesos para el mismo propósito.

«Estamos previendo un subsidio menor el año que viene, esperando que esta crisis vaya cediendo, pero lo importante es que hay un monto que nos permite cubrir los primeros meses y, en caso de que la crisis siga, iremos tomando decisiones», señaló Díaz tras advertir que la dispersión en los precios de los derivados del crudo impide trazar una programación milimétrica.

Impacto en las metas fiscales

Esta política de contención acarreará variaciones en las previsiones macroeconómicas. El déficit del Producto Interno Bruto (PIB), originalmente calculado en un 3.2 %, podría expandirse hasta situarse en torno al 3.4 % debido a los recursos adicionales inyectados al esquema de subsidios.

De cara al Presupuesto General de 2027, el ministro garantizó la asignación del 4 % para el sector educativo, mejoras en las partidas destinadas a salud pública y el compromiso de sostener la inversión pública en 2.7 % del PIB. No obstante, reconoció con realismo que, dada la coyuntura económica mundial, es «casi cien por ciento seguro» que el presupuesto deba someterse a revisiones y modificaciones a mediados de año.