El reloj corre en contra del tejido comercial barrial. El próximo 15 de noviembre vence de manera definitiva e improrrogable el plazo dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que las microempresas, pequeños contribuyentes y negocios no clasificados adopten de forma obligatoria la facturación electrónica. Sin embargo, en las calles y esquinas de los sectores populares de la capital, la realidad dista mucho de la digitalización tributaria proyectada desde los despachos oficiales.

En un recorrido de constatación por zonas comerciales y colmados en sectores del Distrito Nacional como María Auxiliadora, Ensanche Luperón, Ensanche Espaillat, Villa Consuelo, Villa Juana y 27 de Febrero, el común denominador entre pequeños emprendedores es el absoluto desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema y la profunda preocupación por el impacto fiscal que podría acarrear en sus ya ajustados márgenes de subsistencia.

La voz del comercio barrial

Entre la informalidad latente y la falta de orientación práctica, varios comerciantes manifestaron que antes de asumir costos inmanejables preferirían cerrar sus puertas. En el barrio 27 de Febrero, Mateo Muñoz, quien opera un colmado en su propia vivienda sin registro formal, reconoció la brecha informativa: «No manejo eso, ni siquiera facturo. Si hay que implementarlo se hace, pero desconozco los funcionamientos; si no da para pagar unos impuestos, uno no va a trabajar para lo que no sustente», subrayó.

En ese mismo sector, Francisco Javier, administrador de un establecimiento comercial, advirtió que la regulación podría convertirse en una traba económica: «A veces estas medidas lo que hacen es que obstruyen o agregan más carga cuando la situación está demasiado difícil», apuntó. Una postura que comparten comerciantes de otros puntos de la capital, como Narciso Rodríguez, dueño de un puesto de empanadas en el Ensanche Espaillat, y Franklin Arias, al frente de un colmado en María Auxiliadora, quienes coincidieron en que ninguna autoridad les ha explicado cómo opera esta transición tecnológica.

Fuertes sanciones y barreras de entrada

El director general de la DGII, Pedro Urrutia, ha ratificado que no habrá prórrogas. Para aquellos contribuyentes que incumplan con la emisión del comprobante fiscal electrónico (e-CF), el régimen tributario contempla infracciones severas que van desde multas de 5 hasta 50 salarios mínimos, sumadas a la pérdida de crédito fiscal para sus clientes, lo que podría asestar un golpe letal a cualquier negocio en desarrollo.

Aunque la administración tributaria ha puesto a disposición una herramienta de facturador gratuito y registra cerca de 200 proveedores tecnológicos autorizados, los requisitos para incorporarse al sistema representan una barrera significativa para la economía popular. Para acceder al facturador es indispensable poseer Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), tener activa la Oficina Virtual, contar con autorización para Números de Comprobantes Fiscales (NCF) y adquirir un certificado digital tributario; pasos burocráticos y técnicos que dejan en evidencia la brecha existente entre la ambiciosa modernización fiscal y la realidad del comercio tradicional dominicano.