El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó formalmente al Congreso Nacional dar continuidad y celeridad al trámite legislativo del proyecto de ley que extiende la entrada en vigencia del artículo 31 del Código Penal, acápite que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la República Dominicana.

La cúpula empresarial reconoció la declaratoria de urgencia y la reciente aprobación de la iniciativa en el Senado de la República, valorando la medida como un paso fundamental para que las entidades comerciales e institucionales cuenten con un margen prudente para reestructurar sus normas operativas y políticas de gobernanza interna.

Margen necesario para el cumplimiento corporativo

De acuerdo con la organización empresarial, postergar la aplicación de este régimen es indispensable para que las empresas de distintas escalas puedan estructurar programas sólidos de cumplimiento normativo (compliance), implementar canales de denuncia confiables y robustecer sus controles internos de prevención de delitos.

Asimismo, el gremio subrayó que este periodo adicional permitirá capacitar adecuadamente a los operadores del sistema judicial dominicano, asegurando que las futuras imputaciones cuenten con estándares objetivos, uniformes y proporcionales al tamaño, actividad y nivel de riesgo de cada compañía.

Llamado a las cámaras legislativas

Ante el horizonte fijado para el 5 de noviembre de 2026, fecha en la que entrarían en vigor estas disposiciones, el CONEP enfatizó la necesidad de que la pieza continúe su curso sin dilaciones:

• Senado de la República: Pidió a su presidente, Ricardo de los Santos, agilizar la remisión formal del expediente a la cámara baja.
• Cámara de Diputados: Exhortó a su titular, Alfredo Pacheco, a impulsar la discusión y aprobación definitiva tan pronto sea recibida la iniciativa impulsada originalmente por el legislador Rafael Barón Duluc Rijo.

Finalmente, el sector empresarial reiteró su disposición de colaborar a nivel técnico con los poderes del Estado para asegurar que la reforma fortalezca la seguridad jurídica y consolide una cultura de integridad corporativa en el país.