El tejido comercial tradicional de la República Dominicana atraviesa un momento crítico marcado por crecientes tensiones. Diversos gremios empresariales han levantado la voz de alerta ante lo que consideran una asimetría económica insostenible, provocada por la acelerada y agresiva penetración de establecimientos comerciales de origen chino en todo el territorio nacional.

Representantes del sector afirman que la desventaja no radica en la procedencia del capital, sino en las condiciones de operación, denunciando que múltiples locales foráneos estarían incurriendo en prácticas de competencia desleal que empujan al cierre definitivo a pequeños y medianos empresarios dominicanos.

Crecimiento desmedido y denuncias de informalidad

Desde la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), su titular, Fernando Pinales, externó la profunda inquietud que impera en el sector ante la magnitud del fenómeno. Pinales señaló que estos establecimientos pasaron de tener presencia en puntos específicos a copar sectores enteros en diversas provincias del país, operando con una holgura financiera que contrasta con las dificultades del empresariado local, el cual siente un vacío en la protección de sus intereses productivos.

Esta postura coincide con los datos presentados por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), presidida por Iván García, quien cuantificó en más de un millar los negocios de esta índole establecidos en la geografía nacional. García denunció que una porción significativa de estos locales carece de la permisología correspondiente y no enfrenta las fiscalizaciones de rigor a las que sí están sometidos los comercios formales tradicionales, acelerando la quiebra de tiendas familiares y medianas empresas criollas.

Fiscalizaciones y exigencia de igualdad de condiciones

Frente a este panorama, las asociaciones mercantiles han comenzado a articular respuestas junto al Estado. A través de una mesa de trabajo contra ilícitos coordinada con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se han canalizado denuncias formales para exigir inspecciones exhaustivas. Fruto de estas gestiones, el Ministerio de Trabajo ya ha intervenido establecimientos para obligar el registro del personal en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y asegurar el cumplimiento de la cuota legal de trabajadores dominicanos.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, fue enfática al recordar que el dinamismo del mercado debe fundamentarse en la equidad jurídica y regulatoria:

"Aquí todas las empresas tenemos que cumplir reglamentos y tenemos que cumplir con el tema de pago de nuestros impuestos, el pago de la Seguridad Social, y solamente se puede hacer negocio de esa manera. No importa qué tipo de comercio sea, tienen que cumplir las reglas del juego."

El empresariado concluye en que la libre empresa y la inversión extranjera son bienvenidas siempre que respeten el ordenamiento jurídico, subrayando que la supervivencia del comercio dominicano dependerá de la firmeza con la que las autoridades apliquen las leyes a todos los actores por igual.