En una jornada decisiva y declarada de urgencia, el Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que busca prohibir formalmente la entrada al país de cualquier producto o mercancía elaborado mediante trabajo forzoso. La pieza legislativa, impulsada por el senador por San Juan, Félix Bautista, tiene como meta primordial alinear las normativas locales con estándares internacionales y viabilizar una rebaja arancelaria estratégica en el comercio con Estados Unidos.

Alivio millonario para los exportadores dominicanos

El propósito central de la propuesta legislativa es persuadir a las autoridades estadounidenses para que reduzcan del 12.5 % al 10 % los aranceles que gravan las exportaciones dominicanas hacia ese destino. Según expuso Bautista, esta modificación —frente a la disposición establecida el pasado 23 de julio por Washington— supondría un ahorro directo de cerca de USD$182 millones anuales para el sector productivo nacional.

Con esta medida, la República Dominicana aspira a recuperar la competitividad frente a otros mercados de la región como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina, cuyos envíos gozan actualmente del beneficio de pagar solo un 10 % de arancel al ingresar a territorio norteamericano.

Definición estricta y supervisión estatal

El texto normativo, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración, tipifica el trabajo forzoso como cualquier labor o servicio exigido bajo amenaza de castigo y no prestado voluntariamente. Esto abarca la servidumbre por deudas, la retención de documentos de identidad, la restricción de movilidad en los lugares de trabajo, las amenazas de deportación o denuncias migratorias, el engaño y todo tipo de coacción física o psicológica.

Para hacer cumplir estas disposiciones, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Aduanas (DGA) fungirán como los entes técnicos reguladores encargados de fiscalizar las cadenas de suministro. Ambas dependencias podrán apoyarse en información de fuentes públicas y privadas, tanto locales como foráneas, incluyendo gremios empresariales, organismos internacionales e investigaciones periodísticas. Además, la DGA tendrá a su cargo la creación y mantenimiento de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso.

Oportunidad de enmienda y respaldo institucional

La legislación contempla un mecanismo de debido proceso para los operadores económicos sancionados. Aquellos suplidores, productores o importadores que resulten señalados podrán solicitar una revisión formal siempre que demuestren el cese definitivo de las prácticas de abuso laboral, la reparación integral de los daños a los trabajadores afectados y la implementación de reformas estructurales para evitar reincidencias.

El proyecto contó con la firma y respaldo de otros 12 legisladores en la Cámara Alta. Como parte de los esfuerzos de articulación, Bautista sostuvo previamente encuentros de alto nivel con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro Víctor (Ito) Bisonó, con el fin de garantizar el respaldo coordinado del Poder Ejecutivo a esta iniciativa de alto impacto económico y comercial.